Seis casos en los que las personas no tenían facultad alguna y aun así se contó con ellas; y las dos experiencias que más se han acercado a unir la profundidad con la escala
Condición del presente anexo. Es un anexo del documento «Voz ciudadana». No establece nada y no crea deberes: aporta los casos, las cifras y las fuentes de las afirmaciones de ese documento. En caso de discrepancia se aplica «Voz ciudadana»; fuerza obligatoria la tienen la Declaración y la Carta.
Puede parecer que sin facultades no se puede influir. Es falso, y la práctica lo refuta. Siguen seis casos: cuatro logrados y dos fallidos de manera instructiva. Se traen no como prueba de que alguien tenga razón, sino como fuente de exigencias para uno mismo: en ellos se ve qué es lo que hace que ignorar una herramienta salga caro.
Índices y clasificaciones
El Índice de Percepción de la Corrupción, que publica la organización Transparency International desde 1995, no tiene ni un gramo de fuerza jurídica. No obliga a nadie, a nada coacciona y no acarrea consecuencia alguna. Y sin embargo los gobiernos contratan consultores para subir en él y anuncian esa subida como un logro. Las agencias de calificación crediticia son empresas privadas cuya opinión sobre la solvencia de un Estado mueve el coste de su deuda en miles de millones.
Lección. Una cifra publicada de forma sistemática adquiere una influencia que nadie le ha dado. El mecanismo es la regularidad, la comparabilidad y la cita por terceros.
La muerte de una clasificación
El Banco Mundial publicaba la clasificación Doing Business, que evaluaba las condiciones para hacer negocios en ciento noventa economías. Su influencia era enorme: los Estados reescribían su legislación para subir en ella. Después de que en junio de 2020 se comunicaran dentro del banco irregularidades en los informes de 2018 y de 2020, la publicación se suspendió y la revisión se encargó a un despacho jurídico externo. La investigación acreditó que sobre el equipo que preparaba el índice se ejerció presión para alterar los indicadores de algunos países. El 16 de septiembre de 2021 el banco anunció el cese de la clasificación. No su suspensión: su cese. No se restableció: su sucesor, B-READY, se construyó sobre bases nuevas, con otro nombre y con otra metodología.
Lección contraria a la primera y más importante que ella. Todo el capital de una herramienta así es la confianza en el procedimiento. No se gasta poco a poco: se pierde entera y de una vez.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
El IPCC no tiene facultad alguna: no decide nada, no obliga a nadie y no destina ni un céntimo. Y sin embargo sus informes de evaluación fijan el marco de cada negociación climática: se discute dentro de sus conclusiones, no al margen de ellas.
¿De dónde sale la influencia? No de la autoridad de los científicos: científicos con autoridad hay muchos y sus opiniones divergen. La influencia viene del procedimiento de elaboración: revisión abierta por pares, observaciones publicadas junto con las respuestas a ellas, discrepancias consignadas, aprobación línea por línea del resumen final con participación de los gobiernos. No hay nada que impugnar, porque el proceso se ve entero, incluidos los puntos en los que no hay acuerdo.
Lección. Lo que hace que algo no se pueda ignorar no es el contenido del pronunciamiento, sino la transparencia del procedimiento por el que se ha obtenido.
Las normas técnicas
Las normas sobre las que funciona internet las establecen el IETF y el W3C, asociaciones que no ha constituido ningún Estado, que actúan de forma voluntaria y que no tienen la menor facultad. El principio de trabajo del IETF, formulado en 1992, dice así: «consenso aproximado y código que funciona». Sobre esas normas se sostiene la economía mundial. Nadie le pidió permiso a nadie.
Lección. Si lo que uno produce le hace falta a todos y no se consigue en ningún otro sitio, el estatuto llega después y por sí solo.
Las asambleas ciudadanas
Irlanda modificó dos veces su constitución a resultas del trabajo de unos órganos que no tenían facultad alguna.
La Convención Constitucional de 2012-2014 recomendó permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo: en el referendo del 22 de mayo de 2015 lo aprobó el 62 por ciento de quienes votaron. La Asamblea Ciudadana, constituida por el parlamento en julio de 2016 y que terminó su trabajo en la primavera de 2018, recomendó derogar la octava enmienda: en el referendo del 25 de mayo de 2018 se pronunció por la derogación el 66,4 por ciento, con una participación del 64,1 por ciento.
Las composiciones se eligieron de modo distinto, y la diferencia es instructiva. En la Convención, de sus cien integrantes sesenta y seis eran ciudadanos designados por sorteo, treinta y tres, políticos en ejercicio, y el centésimo era el presidente nombrado. La Asamblea Ciudadana fue más lejos: sus noventa y nueve participantes se eligieron por sorteo todos sin excepción, en su composición no hubo político alguno, y la presidencia se nombró aparte. En ambos casos los participantes estudiaron la cuestión durante varios meses, escucharon a especialistas y a las dos partes, deliberaron en público y votaron.
Lección. La legitimidad no la da el carácter electivo, sino un procedimiento de selección transparente y una deliberación abierta. Unas personas elegidas al azar que se hicieron cargo de la cuestión resultaron más convincentes para la sociedad que unos políticos elegidos.
Y un contraejemplo que conviene conocer
El Tribunal Russell sobre Vietnam de 1966-1967 y el Tribunal Permanente de los Pueblos, instituido doce años más tarde, dictaron dictámenes cuidadosamente preparados sobre las cuestiones más graves. Su composición era autodesignada, su representatividad no estaba acreditada de ningún modo y sus facultades no existían. Moralmente se los respeta. Políticamente se los ignora por completo, y así llevan décadas.
Lección. Sin una composición verificable, cualquier procedimiento, incluso impecable, sigue siendo la opinión particular de un grupo de personas respetables.
Cinco propiedades que se siguen de aquí
Súmense los seis casos y sale una lista de exigencias que no depende de las simpatías de nadie.
Primera. La herramienta produce lo que hace falta y lo que no se consigue en ninguna otra parte. No una «opinión importante», sino datos o un procedimiento cuya ausencia le estorba a alguien para trabajar. Segunda. El procedimiento se ve entero: no solo el resultado, sino cómo se ha obtenido. Tercera. Funciona con regularidad y de manera comparable: una medición aislada es una noticia; una serie es un movimiento, y con un movimiento hay que contar. Cuarta. La usan por igual todas las partes: una herramienta útil a una sola parte es un arma, y se la rechaza junto con esa parte. Quinta. La composición es verificable: se sabe y se puede acreditar que detrás de la medición hay personas vivas y únicas, cada una de las cuales se ha pronunciado una vez y por su voluntad.
Las cuatro primeras propiedades no se inventan: se cumplen, y por eso están al alcance de cualquiera que acepte la disciplina. La quinta es de otra naturaleza: no se puede cumplir con la intención, solo se puede construir.
Profundidad sin escala y escala sin profundidad
Hay también una segunda objeción, más fuerte que «ustedes no tienen facultades»: preguntar a millones de personas no preparadas sobre una cuestión compleja no es mejor que preguntar a mil personas no preparadas; simplemente es de mayor escala. La objeción es justa. La escala por sí misma no da calidad de juicio, y un gran número de respuestas mal pensadas es un gran número de respuestas mal pensadas.
Lo más cerca de la solución ha estado el sondeo deliberativo que James Fishkin dirige con la Universidad de Stanford desde 1988: muestra aleatoria, estudio de materiales contrastados, deliberación en grupos pequeños, preguntas a especialistas de posiciones opuestas y una segunda medición. Se han hecho más de ciento cincuenta experimentos así en más de cincuenta jurisdicciones. Allí hay sorteo, hay preparación y hay medición antes y después. Faltan dos cosas: la escala y una composición verificable.
El segundo caso más cercano es la Asamblea Mundial de 2021: cien personas elegidas por sorteo en todo el mundo de manera que la composición correspondiera a la población del planeta por edad, sexo, procedencia e ingresos; sesenta y ocho horas de trabajo en once semanas; la declaración final se leyó en la conferencia climática de Glasgow. Ese es, por lo que parece, el límite superior de profundidad alcanzado hasta hoy, y topa con un centenar de personas.
De aquí se ve la bifurcación en la que están todos los intentos de este género. Las asambleas ciudadanas tienen profundidad sin escala: un centenar de personas se hizo cargo de la cuestión, pero hablar en nombre de la sociedad no pueden. Los referendos tienen escala sin profundidad: millones votaron sin haberse hecho cargo, a menudo sobre una formulación redactada por el poder. Unir lo uno con lo otro lo impide exactamente aquello de lo que se ha hablado más arriba: la imposibilidad de seleccionar honradamente y de contar honradamente a las personas a distancia.
De ahí también el valor práctico de un registro verificable de personas únicas para quienes organizan esas asambleas: el punto más débil de cualquiera de ellas es de dónde sacar una lista cuya aleatoriedad de muestreo nadie vaya a discutir. El registro resuelve esa tarea y la resuelve de manera neutral: el sorteo no tiene posición y sirve por igual a cualquier parte.
Qué se sigue de todo esto para la arquitectura de la medición y por qué la quinta propiedad resultó decisiva está en el documento Voz ciudadana.
Fuentes
Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International - metodología
Cese de la publicación de la clasificación Doing Business por el Banco Mundial, septiembre de 2021 - comunicado
Procedimiento de preparación y aprobación de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - procedimientos del IPCC
Principios de trabajo del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, incluida la fórmula «consenso aproximado y código que funciona» - RFC 7282
La Asamblea Ciudadana de Irlanda de 2016-2018 - materiales de la asamblea; la Convención Constitucional de 2012-2014 - archivo de la convención. Fechas y resultados de los referendos: 22 de mayo de 2015 (matrimonio entre personas del mismo sexo), 25 de mayo de 2018 (trigésima sexta enmienda, por la que se derogó la octava, 66,4 por ciento con una participación del 64,1)
