La voz ciudadana

El presente documento no establece nada. No crea derechos ni impone obligaciones, no atribuye facultades ni las limita, nada permite y nada prohíbe. Ninguna disposición de ningún otro documento del corpus se funda en él ni puede fundarse en él.

Explica y supone. Los demás documentos del corpus describen lo que hay o establecen lo que debe ser. El presente habla también de lo que todavía no existe: de unos escalones de los que no se ha subido ninguno y de unas posibilidades de las que ninguna se promete. La sección 18 enumera nueve maneras en que esto puede no llegar a ser, y la sección 19, qué está construido y qué no lo está aún.

Fuerza obligatoria la tienen la Declaración y la Carta. En caso de discrepancia se aplican ellas, y la discrepancia se subsana modificando el presente documento. La interpretación del presente documento no puede rebajar ninguna garantía a la persona ni ampliar las facultades del pueblo o de alguna de sus instituciones.

Puede reescribirse o retirarse por entero, y con ello no cambiará nada. La Declaración, la Carta, el registro, el orden de las votaciones y la pertenencia de unas personas a otras seguirán siendo los mismos. Un texto que predice no debe llevar encima nada que se derrumbe junto con la predicción incumplida. Las propuestas a él se aceptan en igualdad con todas (El período constituyente).

Se suele decir que las personas no tienen manera de ser oídas. Es inexacto, y la inexactitud impide ver el problema verdadero. Hoy hay más maneras de hacer llegar una opinión hacia arriba que nunca: peticiones, cartas a los diputados, audiencias públicas, trámites de información pública sobre proyectos de normas, redes sociales, sondeos semanales. Canales sobran. Lo que falta es la prueba: cuántas firmas las han puesto personas vivas, a quién se preguntó exactamente en el sondeo, si dos millones de comentarios vinieron de personas.

Fíjese en cómo está hecha esa objeción. No discute el fondo: no dice «usted no tiene razón», dice «no se sabe si usted existe». Y con eso basta para no responder sin perder la cara: el destinatario no ha rechazado la opinión de las personas, ha dudado de la prueba, y la duda parece prudencia y no desdén.

Por eso la voz ciudadana se puede ignorar. No porque el poder sea malvado, sino porque el recuento está roto. En el trámite obligatorio de información pública que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos llevó a cabo en 2017, de más de veintidós millones de comentarios casi dieciocho millones resultaron falsos, según acreditó la investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York publicada el 6 de mayo de 2021, y falsificaban las dos partes de la controversia. No se devaluaron las falsificaciones: se devaluaron los veintidós millones enteros, los auténticos incluidos, y cualquier organismo de cualquier país obtuvo un fundamento legítimo para no creer en la aportación pública en general.

Y va a ir a peor, y no por la mala voluntad de nadie: fabricar texto humano verosímil en cualquier cantidad se ha vuelto barato, y distinguirlo por el texto mismo de lo escrito por una persona será pronto imposible. Lo que seguirá siendo distinguible no es el texto, sino su origen: si detrás del pronunciamiento hay acreditada una persona viva, única y que se ha pronunciado por su propia voluntad. Eso es exactamente lo que el pueblo Earthlings sabe hacer.

Las averías son cinco, de naturaleza distinta, y nuestra herramienta no alcanza a todas.

La agregación. Las elecciones comprimen la variedad de las opiniones de una persona en una sola elección cada varios años, y la posición de la sociedad sobre una cuestión concreta no tiene representación alguna. El horizonte. Las decisiones cuyas consecuencias llegan dentro de treinta años las adoptan personas cuyo horizonte son las próximas elecciones; quienes todavía no votan y quienes todavía no han nacido no tienen representación en ningún sistema político del mundo. El territorio. El clima, la tributación del beneficio transnacional, las reglas para la inteligencia artificial, las pandemias, el océano y la atmósfera no se resuelven dentro de las fronteras de un país, y la coordinación entre Estados se atasca: a nadie lo reeligen por un acuerdo internacional. El desplome de la confianza en la aportación. La aportación pública auténtica se ha vuelto indistinguible de la fabricada, y quien se devalúa es justamente la auténtica. La asimetría de la organización. A veinte empresas, cada una con cien millones en juego, organizarse les resulta fácil; a veinte millones de ciudadanos, cada uno con cien dólares en juego, les resulta imposible, y el interés concentrado vence al disperso casi siempre, con independencia de quién tenga razón y de cuál sea la forma de gobierno (Mancur Olson, «La lógica de la acción colectiva», 1965).

De aquí la conclusión sobre la que se sostiene lo demás: la mayoría dispersa pierde no porque sea poca ni porque le falte razón, sino porque reunirse le sale caro. Todo lo que abarata radicalmente esa reunión cambia el desenlace. Las cinco averías, el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones y el análisis de Olson están en el anexo «Por qué el recuento está roto».

Ninguna de las cinco averías la ha creado la mala intención. La representación se inventó cuando no cabía otra cosa: millones de personas no podían físicamente deliberar sobre lo común sin intermediarios, y no había manera de contar honradamente sus votos. Aquello funcionó y consiguió mucho. Una sola cosa no hizo: no dio a las personas una manera de expresar por sí mismas una voluntad común.

La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en su artículo 21 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo 25 el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos; la Carta de las Naciones Unidas se abre con las palabras «Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas». El derecho está reconocido, y no hay un procedimiento por el que se ejerciera directamente, y un derecho reconocido que nadie puede hacer valer sigue siendo una norma sin aplicación. No sostenemos que alguien tenga la culpa. Sostenemos que ha desaparecido la razón por la que no se podía.

No construimos otro modo más de pronunciarse. Construimos un instrumento de medición.

La diferencia es de fondo. El canal entrega un mensaje; hoy hay decenas, y uno más no cambiará nada. El instrumento establece un hecho: tal número de personas verificadas y únicas respondió tal cosa a tal pregunta, y eso se puede volver a comprobar.

Ser escuchado hoy puede serlo cualquiera. Ser contado, nadie.

Y enseguida la salvedad sin la cual esa palabra es peligrosa. El instrumento es un procedimiento, no personas. No se mide a la persona: la persona responde o no responde, por su propia voluntad, y la respuesta le pertenece. Llamamos instrumento al orden por el que las respuestas se recogen y se verifican: la pregunta, el plazo, el registro, la firma, la publicación. El pueblo no es una herramienta para nadie, ni siquiera para sí mismo: la herramienta la construye, no la encarna. Lo contrario contradiría el artículo 3 de la Declaración, donde la dignidad de la persona se declara inviolable y la persona, no un medio.

La tarea de «hacer que no se nos pueda no advertir» se ha resuelto muchas veces en el mundo. Las cinco propiedades que siguen se han extraído del análisis de casos de influencia sin facultades: índices y clasificaciones, la clasificación suprimida Doing Business, el IPCC, los estándares de internet, las asambleas ciudadanas irlandesas, el tribunal Russell; el análisis está en el anexo «Influencia sin facultades». Una herramienta que reúne las cinco propiedades sale cara de ignorar; una herramienta a la que le falta aunque sea una se ignora gratis.

Primera. Produce lo que hace falta y lo que no se consigue en ningún otro sitio. No una «opinión importante», sino unos datos o un procedimiento cuya ausencia le estorba a alguien en su trabajo.

Segunda. El procedimiento se ve entero. No solo el resultado, sino cómo se ha obtenido: quién preguntó, cómo sonaba la pregunta, quién podía responder, cuántos respondieron, cómo verificar el recuento. No hay nada que impugnar cuando se ve todo.

Tercera. Funciona con regularidad y de manera comparable. Una medición aislada es una noticia; la medición anual de la misma cuestión por el mismo método es una serie, y una serie muestra el movimiento, y con el movimiento hay que contar.

Cuarta. La usan por igual todas las partes. Una herramienta útil a una sola parte es un arma, y se la rechaza junto con esa parte. Una herramienta útil a ambas es infraestructura, y ambas la cuidan.

Quinta. La composición es verificable. Consta y se puede acreditar que detrás de la medición hay personas vivas y únicas, cada una de las cuales se pronunció una sola vez y de forma voluntaria.

La quinta propiedad la tenemos nosotros y, que sepamos, nadie más: ni una empresa demoscópica, ni una plataforma de peticiones, ni una red social, ni un Estado fuera de sus propias elecciones. La verificación de la unicidad sin revelar la identidad es aquello para lo que se construyeron el pasaporte y el registro, y es lo único de la construcción que no se puede repetir sin construir lo mismo. Las cuatro primeras propiedades todavía no las tenemos. No se inventan: se cumplen. Es cuestión de disciplina, y la disciplina se puede comprobar desde fuera.

Puede participar el titular de un pasaporte earthling: la persona que ha pasado la verificación de identidad y ha obtenido un asiento intransmisible en el registro. Qué le da eso a la medición:

• una persona, un voto, porque el pasaporte es uno por persona y no se puede transmitir;
• el voto no se puede comprar, porque el pasaporte es intransmisible y no se enajena;
• el voto no se puede acumular, porque el patrimonio está separado del voto por el núcleo intangible de la Declaración, artículo 11;
• puede verificarlo cualquiera, porque el registro vive en la cadena de bloques y no en nuestros servidores, y se lee directamente del contrato inteligente abierto.

Lo esencial es esto: la verificación de la unicidad no exige revelar la identidad. El instrumento sabe que detrás del asiento hay una sola persona viva y no sabe quién es. Para medir eso basta; para vigilar, no. Cómo está hecha la verificación de identidad y por qué no se convierte en vigilancia está en los documentos Verificación biométrica y Pasaporte SBT; qué está abierto en esa infraestructura, qué está cerrado y dónde hay que confiar en nosotros está en el documento Dónde estamos ahora.

Este es el punto más vulnerable de cualquier medición, y por eso el más estricto. Quien formula la pregunta determina la mitad de la respuesta: «¿Está usted de acuerdo en pagar más por la electricidad en aras del clima?» y «¿Está usted de acuerdo en que quien contamina pague el daño?» son una misma pregunta, planteada de modo que las respuestas serán opuestas. Basta una sola formulación capciosa descubierta en público para devaluar esa medición y todas las pasadas y futuras.

Por eso el procedimiento de formación de la pregunta está obligado a responder a cinco requisitos:

1. Separación. La formulación no la aprueban quienes llevan la gestión operativa del pueblo. Son manos distintas.
2. Publicación anticipada. La pregunta se publica antes de que empiece la votación, con indicación del plazo durante el cual se la puede impugnar.
3. Fase contradictoria. La formulación pasa por las objeciones de aquel a quien la respuesta previsible le perjudica. Las objeciones y las respuestas a ellas se publican junto con la pregunta.
4. Inmutabilidad una vez iniciada. Desde el momento en que se abre la votación, la pregunta no se edita. El defecto de formulación que se descubra significa la anulación de la medición y una nueva, y no un arreglo sobre la marcha.
5. Vínculo con la vida del participante. La pregunta se plantea allí donde la consecuencia recae sobre la persona, y no allí donde las instituciones la negocian. Este requisito no va de cortesía hacia el lector: determina si la medición se produce o no, y se explica más abajo por separado.

El objeto de la pregunta lo limita la Declaración por dos lados. El artículo 3 traza el círculo: el pueblo se pronuncia sobre lo que afecta a todos. El artículo 5 fija la excepción: la vida interna de un Estado concreto no es objeto de las decisiones del pueblo, pues es asunto de sus ciudadanos.

El límite mismo es cerrado; la lista de cuestiones, no. Entran en él, por ejemplo, la tributación del beneficio transnacional, las reglas para los sistemas de inteligencia artificial, la suerte de la atmósfera y del océano, la resistencia a las pandemias, la responsabilidad ante las generaciones futuras. No entra en él nada de la política interna de un Estado concreto; de eso se trata aparte en la sección 10.

La pregunta está obligada a atañer a la vida de aquel a quien se pregunta

Esta es la respuesta a la causa de fracaso más probable, la baja participación (sección 18). No se cura con recordatorios ni con llamamientos, sino con la pregunta. Si las preguntas no atañen a la vida real, a los intereses y a las dificultades de las personas, el sentido de la votación desaparece por entero: no hay para qué preguntar ni para qué responder.

La contradicción aquí es real: el límite selecciona las cuestiones planetarias, y lo planetario suena lejos de la persona. Lejano solo lo parece: una cuestión planetaria siempre aterriza en alguna parte, pues de otro modo no sería planetaria. Así que hay que plantearla en el punto de aterrizaje, y no en el punto de las negociaciones:

A la derecha y a la izquierda está la misma pregunta; el planteamiento de la derecha es más preciso, porque nombra el lugar donde la consecuencia se produce realmente.

Y acto seguido el límite, porque de este recurso a la desgracia hay un solo paso. La distinción la trazamos así: la formulación es admisible si nombra dónde recae la consecuencia, e inadmisible si sugiere cómo hay que tomarse esa consecuencia. «Debe una empresa poder no pagar impuestos en ninguna parte» nombra. «Es justo que las corporaciones se lucren a costa de usted sin pagar impuestos» sugiere. Las dos atañen a la vida; la segunda no es una medición, y la fase contradictoria existe, entre otras cosas, para descartar formulaciones así.

El segundo límite es el artículo 5: las preguntas más cercanas a la persona son casi siempre de política interna, y justamente por eso están cerradas. Una pregunta apta está en la intersección de dos condiciones: atañe a la vida de la persona y a la vez no tiene dirección nacional.

Dos vías de preguntas, y las dos hacen falta

Hay también una segunda razón por la que las personas responden: la respuesta hace algo. Por eso las preguntas van en dos vías, y sustituir una por la otra no cabe.

Las preguntas de la vida interna del pueblo: en qué se gasta la caja común, cuál es la cuantía de la cuota, qué proyectos apoyar, cómo cambian las reglas. Aquí la consecuencia llega siempre y enseguida, y son esas votaciones las que crean la costumbre de responder, y la costumbre es lo único que sostiene la participación a la larga. Su objeto lo limita el artículo 9 de la Declaración: son cuestiones de la vida del pueblo, no de la posición del pueblo hacia fuera.

Las preguntas planetarias son aquellas de las que se ha hablado arriba. Su consecuencia no está garantizada: medir y publicar podemos; prometer una respuesta, no.

De ahí una intención que dejamos escrita para que se nos pueda exigir: ningún período consta solo de preguntas planetarias. Un pueblo que durante años vota únicamente sobre aquello a lo que nadie responde deja de votar, y hará bien.

Aquí respondemos a la objeción más fuerte contra todo el empeño: preguntar a millones de personas no preparadas sobre una cuestión compleja no es mejor que preguntar a mil personas no preparadas; simplemente es de mayor escala. La objeción es justa: la escala por sí misma no da calidad de juicio. La respuesta a ella son las dos capas, establecidas en el artículo 8 ter de la Carta; aplicarla hoy no se puede: un sorteo a partir de un registro de unos pocos centenares de personas no da un corte transversal del pueblo, y el artículo lo dice expresamente.

Capa primera: el panel. Para cada pregunta se elige por sorteo del registro un panel. El sorteo no tiene opinión: da un corte transversal del pueblo y no su parte activa, y eso es de fondo, porque la parte activa siempre está sesgada. El panel estudia la cuestión durante varias semanas: recibe materiales, escucha a especialistas y a representantes de posiciones opuestas, delibera en público. A la salida el panel no decide: formula las opciones y expone los argumentos a favor y en contra de cada una, junto con aquello en lo que los participantes no se pusieron de acuerdo.

Capa segunda: el pueblo. El pueblo entero vota sobre las opciones preparadas, teniendo delante el trabajo del panel.

Las asambleas ciudadanas tienen profundidad sin escala; los referendos, escala sin profundidad; las experiencias que más cerca han estado de unir lo uno con lo otro están analizadas en el anexo «Influencia sin facultades». Y aquí está el valor práctico del registro para otros: una base para el sorteo cuya aleatoriedad de muestreo nadie va a discutir, y ese sorteo sirve por igual a cualquier parte.

Un resultado sin rastro es una afirmación. Un resultado con rastro es un hecho. Por eso cada medición se publica junto con todo lo que hace falta para verificarla:

• la formulación literal de la pregunta y las opciones de respuesta;
• la fecha de publicación de la pregunta y las fechas de apertura y de cierre de la votación;
• las objeciones presentadas en la fase contradictoria y las respuestas a ellas;
• los materiales del panel: la composición por modo de selección, los documentos estudiados, las partes escuchadas, los argumentos expuestos, las discrepancias consignadas;
• el número de quienes tenían derecho a voto en el momento de la apertura;
• el número de votantes y la participación sobre quienes tenían derecho - se publica siempre, incluidos los casos en que es baja;
• la distribución de las respuestas;
• la distribución de la participación por países y regiones, en un desglose que no permita identificar a una persona;
• el modo en que cualquier persona puede rehacer el recuento por su cuenta: los datos abiertos de la votación, la prueba del recuento y el programa con el que verificarla.

El último punto es el principal. La verificación no debe exigir confianza en nosotros. El voto es secreto (Declaración, artículo 9), y la verificación se dispone de modo que no lo revele: la corrección del recuento se demuestra a partir de los datos abiertos con un programa abierto. Falsificar el voto de otro no podemos, y eso lo verifica un recuento rehecho por otros; añadir a quien vota sí se puede, emitiendo un asiento en el registro: cada emisión se ve en la red, pero el fundamento de la emisión no se puede comprobar desde fuera.

Cómo están las cosas ahora lo decimos nosotros mismos. La votación del 3 de abril de 2027 sobre la adopción de la Declaración será abierta: así se ha decidido, porque lo más importante de un acto constitutivo es que pueda verificarse, y la Declaración solo entra en vigor con su adopción. Todavía no existe un medio de votación secreta, y hace falta para la primera votación de fondo de la Asamblea tras la constitución del pueblo. En el canal abierto desplegado, los votos están firmados con los monederos, las direcciones de quienes votaron son públicas y el derecho de voto lo confirma nuestro servidor; en él no se han realizado mediciones de fondo (documento Dónde estamos ahora).

Si la medición resulta defectuosa

Las elecciones tienen el segundo recuento; las publicaciones científicas, la retractación de un artículo. Un instrumento que no tiene anunciado de antemano un procedimiento para reconocer su propio error lo pierde todo con el primer error, y el error llegará. Se reconoce como defecto de la medición: una formulación capciosa o ambigua de la pregunta descubierta después de iniciada la votación; un fallo técnico por el que una parte de quienes tenían derecho no pudo votar o votó dos veces; la infracción del procedimiento de formación de la pregunta; y toda discrepancia entre el resultado publicado y lo que se lee del registro.

El procedimiento es, entonces, el siguiente:

1. Puede denunciarlo cualquier persona, y no solo un participante, ni solo nosotros. La denuncia se publica junto con la fecha de entrada.
2. La decisión sobre si existe un defecto no corresponde a quien realizó la medición. Si deciden quienes la realizaron, no habrá reconocimiento del error jamás; eso se sabe de antemano, y por eso no se hace así.
3. La anulación se publica en el mismo sitio y con la misma visibilidad que el resultado, y no en una nota al pie. A la vez se publica en qué consistió exactamente el defecto.
4. La medición anulada no desaparece de la crónica. Se mantiene con la nota de anulación. Un instrumento cuyo pasado se puede limpiar no es mejor que un instrumento cuyo presente se puede retocar.
5. La medición se repite de nuevo y desde el principio, incluida una nueva fase contradictoria. El arreglo sobre la marcha no se admite en ninguna circunstancia.
6. El número de mediciones anuladas se publica en la serie general de indicadores. Un cero en esa casilla a lo largo de muchos años no es motivo de orgullo, sino motivo de pregunta.

Preferimos describir esto de antemano, mientras no se ha hecho ninguna medición y no cabe sospechar que el procedimiento se haya escrito a la medida de un caso incómodo concreto.

Un instrumento con el que se puede medir todo será usado contra alguien. Por eso las limitaciones están escritas en la Declaración y no en un reglamento, y no se levantan por decisión de la mayoría.

La política interna de un Estado concreto. Sobre esas cuestiones no se adopta en absoluto una posición colectiva en nombre de todo el pueblo: artículo 5 de la Declaración. El pueblo Earthlings no participa en la lucha por el poder del Estado, no apoya a partidos ni a candidatos, no financia campañas electorales y no llama a votar de una manera determinada.

Una persona concreta. No se adopta una posición colectiva respecto de una persona determinada. El pueblo se pronuncia sobre fenómenos, decisiones y órdenes de cosas, pero no sobre personas. Un instrumento apuntado a una persona es un linchamiento con procedimiento, y no lo vamos a construir.

Los principios del núcleo intangible. No son objeto de votación, y no se trata de un umbral reforzado, sino de una cuestión que no se plantea en absoluto. La lista la establece el artículo 11 de la Declaración; aquí no la reproducimos para que siga teniendo una sola fuente. Al núcleo se le puede añadir; debilitarlo, no.

Estas tres limitaciones hacen el instrumento menos potente. Es un intercambio consciente: una herramienta con la que no se puede golpear es mucho más difícil de arrebatar.

Tras la pregunta «quién les ha facultado a ustedes» llega una segunda, no menos peligrosa: quién paga la medición. La respuesta se conoce por la experiencia ajena: una agencia de calificación a la que paga aquel a quien evalúa pierde credibilidad con independencia de la honradez de su personal; quien la destruye es la dirección del flujo de dinero. Por eso la regla está escrita allí donde su cumplimiento es obligatorio: el artículo 8 bis de la Carta y el artículo 31 bis de la Tesorería.

El instrumento lo sostiene la caja común del pueblo. No hay ni se prevén pagos periódicos por participar en las mediciones: la cuota de entrada se cobra una sola vez y cubre el coste de la verificación de identidad y de la emisión del pasaporte. De ahí la consecuencia: para participar en una medición no hay que pagar nunca, y la persona cuya cuota ha abonado otra tiene exactamente el mismo voto que todos. Qué puede hacer quien no alcance a pagar la cuota está descrito en los documentos Tesorería y El camino del earthling.

El pueblo no realiza nunca una medición pagada por un cliente, ni de un Estado, ni de una empresa, ni de una fundación: ninguna pregunta por encargo, ninguna prioridad en la cola a cambio de dinero, ninguna formulación pagada.

No se acepta financiación finalista de las mediciones mismas. Incluso una donación sin condiciones recibida para una pregunta concreta crea la misma distorsión: la pregunta siguiente se elige mirando de reojo a quien dio dinero para la anterior. Las donaciones van a la caja común y no se vinculan a ninguna medición concreta.

Los gastos en mediciones se publican en línea aparte dentro de la rendición de cuentas general de la caja común, accesible para la auditoría pública.

De ahí una consecuencia desagradable, pero honrada: habrá tantas mediciones como el pueblo sea capaz de pagar por sí mismo. Un instrumento que puede permitirse diez mediciones al año con fondos propios vale más que un instrumento que hace cien con fondos ajenos. Y una salvedad: los fondos de la caja común también son dinero, y una mayoría dentro del pueblo también puede querer una pregunta cómoda. Frente a la presión interna el origen del dinero no protege en absoluto: de ella protegen el procedimiento de formación de la pregunta de la sección 7 y la prohibición de medir lo enumerado en la sección 10. Separar el dinero de la pregunta suprime la presión externa, no la interna.

El peso no se entrega ni se proclama. Se acumula por escalones.

Los escalones 1, 3 y 5 dependen solo de nosotros. La primera medición, la neutralidad del instrumento y la crónica de las no respuestas no exigen el permiso de nadie y son alcanzables con un número de participantes relativamente pequeño. Eso es lo que podemos prometer, porque lo hacemos nosotros.

El escalón 2 depende de nosotros a medias.

Los escalones 4, 6 y 7 dependen de otros. Esos no los prometemos ni los vamos a prometer.

De ahí una formulación que tenemos por honrada:

La sección existe para que la persona que se adhiere no se construya expectativas que no vamos a satisfacer.

No es poder. El pueblo Earthlings no toma decisiones en lugar de los Estados ni ejerce poder público. Sus decisiones obligan solo dentro de él mismo y solo a quienes forman parte de él.

No sustituye a la nacionalidad, ni a las elecciones, ni a las leyes. El earthling sigue siendo ciudadano de su país, vota en sus elecciones, cumple sus leyes y paga sus impuestos. La pertenencia se añade, no sustituye; artículo 8 de la Declaración.

No es un partido ni participación en la lucha interna. El pueblo no presenta candidatos, no los apoya y no los financia. Sea cual sea su tamaño. La limitación es constitutiva, y no se puede levantar por votación. Y no es una debilidad, sino una condición de existencia: una comunidad transnacional de decenas de millones de personas que se entrometiera en la política interna de los países quedaría prohibida el primer año, y con razón.

No es coacción. El pueblo habla, pero no coacciona: la violencia queda excluida sin excepciones. Del resultado de una medición no se siguen sanciones, boicots ni castigos en nombre del pueblo.

No suprime los derechos de nadie. La existencia del pueblo no reduce los derechos de quienes no se han adherido a él, y no pretende ni territorio, ni poder, ni el derecho de hablar por toda la humanidad.

Y lo más importante para la sobriedad. Ni siquiera el pleno reconocimiento del pueblo como sujeto de derecho internacional le daría la posibilidad de cambiar la ley de país alguno: ningún sujeto dispone de esa posibilidad respecto de otro. La personalidad jurídica internacional da el derecho a hablar allí donde hablan los sujetos, es decir, un sitio en la mesa, y no poder sobre un parlamento ajeno. Quien promete otra cosa promete lo imposible.

Al comienzo, en los primeros tiempos después de la adopción de la Declaración, mientras los participantes son pocos, la persona recibe poco, y no lo vamos a exagerar: un «soy una persona viva, soy una sola y esto lo puede verificar cualquiera» acreditable, un voto igual en todas las decisiones del pueblo y la posibilidad de participar en las primeras mediciones, es decir, de estar entre quienes crean el precedente y no entre quienes lo aprovechan. A quien menos falta le hace es al habitante acomodado de un país con instituciones que funcionan: él ya tiene todo eso. A quienes más falta les hace es a quienes no tienen un Estado que los reconozca; de ellos trata el anexo «Por qué el instrumento no puede prescindir de un pueblo».

Con el crecimiento, cuando los participantes son millones, aparece aquello que requiere número: mediciones que no se pueden achacar a la marginalidad; trabajo y cobro con independencia del acceso a los servicios bancarios; resolución de controversias por un procedimiento que no depende de la jurisdicción.

Con la escala, cuando los participantes son decenas y centenares de millones, se hace posible aquello que hoy no puede nadie: la posición contada de las personas verificadas del planeta sobre una cuestión que atañe a todos. No una muestra con margen de error, ni una votación en la que una persona puede emitir mil votos, sino un hecho establecido y verificable. Un artefacto así, que sepamos, no lo tienen ni los Estados, ni las organizaciones internacionales, ni las empresas demoscópicas: con quien se empieza a contar no es con quien tiene estatus, sino con quien tiene aquello que no tiene nadie más.

Aparte, sobre quienes todavía no han nacido. El artículo 5 de la Declaración dice: «Ninguna decisión del pueblo Earthlings debe trasladar consecuencias negativas a las generaciones futuras». El artículo forma parte del núcleo intangible, es decir, no se somete a votación en absoluto. Qué puede crecer de esa norma y por qué hoy es más fuerte en verificabilidad que en coacción está en el anexo «Por qué el instrumento no puede prescindir de un pueblo».

El valor de todo lo descrito no es lineal respecto del número de participantes. Con decenas de miles, el instrumento es un experimento curioso. Con decenas de millones, es una infraestructura por la que no se puede pasar de largo. La diferencia la crean quienes llegaron entre medias, y su aportación vale incomparablemente más que la de quienes se sumen cuando todo funcione ya.

De esto se sigue también lo contrario: el participante temprano asume el riesgo de que no salga. Dedica tiempo a la verificación de identidad y participa en votaciones cuyo resultado puede no interesarle a nadie; si se adhiere después del período constituyente, paga además la cuota. No sabemos cómo acabará, y en la sección 18 está enumerado por qué puede no salir. A ese riesgo solo podemos oponerle su tamaño: la adhesión es reversible cualquier día sin explicar los motivos, no exige renunciar a la nacionalidad, al país, a la lengua ni a la fe, y no obliga a ningún acto contrario a la ley del propio país. Si no sale, lo perdido será poco.

Hasta aquí se ha hablado del instrumento. Ahora, de dónde sale el pueblo en esta construcción y por qué en ella no es un adorno.

El pueblo no se le añade al instrumento desde fuera. Sale de dentro si los requisitos del instrumento se cumplen honradamente hasta el final.

Qué no exige este camino

Conviene empezar por aquello para lo que un pueblo no hace ninguna falta; de otro modo la deducción parecerá amañada. La verificación de la unicidad de una persona sin revelar su identidad no exige un pueblo. La votación verificable por firmas de monederos no lo exige. La base para el sorteo es un problema estadístico corriente. Los paneles deliberativos los organizan los Estados y las universidades, y desde hace mucho y bien. Es más: una fundación habría construido ese instrumento más deprisa, más barato y con menos resistencia, pues no habría tenido que responder a la pregunta por la condición de pueblo, ni atarse las manos con la prohibición de tomar posiciones, ni explicar a los Estados que no pretende su soberanía.

Luego la pregunta hay que plantearla con más precisión. No «qué sería más difícil sin el pueblo», sino qué sería imposible.

Seis pasos

Paso primero. Hace falta una medición cuyo recuento verifique el oponente. De ahí: unicidad verificable del participante y registro abierto.

El pueblo todavía no hace falta. Esto lo puede hacer una empresa.

Paso segundo. Toda medición es una fracción. En el numerador, quién respondió; en el denominador, quién podía responder. Sin un denominador determinado la cifra no significa nada.

En un servicio el denominador son los «usuarios registrados». No es una magnitud natural: la fija dónde se anunció el servicio, dónde está disponible, a quién dejó entrar y a quién no. Y lo principal: el operador puede mover el denominador, captando a unos y no captando a otros. No es un defecto de ejecución: es la naturaleza de una base de usuarios.

De ahí: hace falta la condición de miembro, una frontera que traza el acto de la persona y no el acto del operador.

El pueblo todavía no hace falta. La condición de miembro la tiene también una asociación.

Paso tercero. El operador no debe tener la posibilidad de influir en el resultado. Es decir, no puede incorporar a una persona a la composición, ni excluirla de ella, ni cambiar las reglas sobre la marcha, ni cambiar la pregunta, ni dejar de publicar una respuesta incómoda. Pero eso significa exactamente que los participantes tienen derechos frente al operador. Y derechos frente al operador existen solo cuando hay un documento que el operador no puede reescribir.

De ahí: hace falta un texto constitutivo, y no unas condiciones de uso.

El pueblo todavía no hace falta. Una asociación también tiene carta.

Paso cuarto. El instrumento debe sobrevivir a quienes lo construyeron y no ser comprable. Lo que se puede comprar se compra tarde o temprano, y el comprador hereda el derecho a medir.

De ahí: el instrumento no debe tener dueño. Es decir, deben gobernarlo los participantes. Es decir, es autogobierno.

Paso quinto. El instrumento debe servir por igual a todas las partes y no ser un actor nacional; de otro modo lo usa una sola parte y se convierte en un arma.

De ahí: no puede pertenecer a una sola jurisdicción ni puede estar sometido a ningún Estado.

Una asociación ya no basta: está constituida conforme al derecho de un solo Estado y le está subordinada.

Paso sexto. Y el último, el decisivo. Al publicar el resultado, el instrumento dice una de dos cosas:

Lo primero son datos. Lo segundo es voluntad. A lo que hay obligación de responder es a lo segundo.

Ahora sume los pasos. Una formación que tiene una composición voluntaria y verificable, un texto constitutivo inaccesible a sus propios operadores, autogobierno en lugar de dueño, no pertenencia a ningún Estado y la capacidad de decir «nosotros», proponemos considerarla un pueblo.

Esta es nuestra posición, y no un test jurídico generalmente reconocido. El derecho internacional no establece que la concurrencia de esos rasgos constituya un pueblo, y no presentamos nuestro propio razonamiento como norma. Afirmamos solo lo que se ve en la deducción misma: estos cinco rasgos no provienen del deseo de llamarse pueblo, sino de las exigencias del instrumento. Fuimos desde lo que debe funcionar hasta lo que tiene nombre, y no al revés.

El pueblo no es una decisión tomada antes del instrumento. Es aquello con lo que topa el instrumento si se lo construye correctamente.

Y por qué no un movimiento social

Se habla aquí del movimiento social. Los movimientos de liberación nacional son otra categoría jurídica: su posición se formó en la descolonización, y se los reconocía precisamente como quienes actúan en nombre de pueblos que ejercen la libre determinación. Las tres filas de arriba no dependen de cómo acabe la cuarta.

Cinco razones, cada una de un género distinto

La deducción de arriba es un solo argumento. Abajo hay cinco independientes: si la deducción es errónea, ellos siguen en pie igualmente. Los cinco están analizados en detalle en el anexo «Por qué el instrumento no puede prescindir de un pueblo».

Primera. La voluntad no se puede medir: solo se puede producir. No existe «lo que quiere la humanidad» esperando en alguna parte a que lo midan. Una opinión se puede medir sin un pueblo; una voluntad no se puede producir sin un pueblo. Y a la opinión se la ignora; a la voluntad se le responde.

Segunda. La pregunta «quién les ha facultado a ustedes para preguntar». Sonará el primer día, en cuanto la medición empiece a significar algo. El Estado responde: la ley. Una empresa responde: nadie, y no pretende significar nada. Una fundación responde: su patronato, y la pregunta siguiente, «y quién eligió al patronato», termina la conversación. El pueblo responde: sus participantes, por un procedimiento que cualquiera puede verificar. Solo dos respuestas aguantan la segunda pregunta.

Tercera. El núcleo intangible protege al instrumento frente a su captura, y no es solo ética. El voto no se puede comprar, luego el resultado de una medición no se puede adquirir; un encargo no llega a ser un cargo, luego el instrumento no lo capturan desde dentro quienes lo mantienen; la salida es libre y la expulsión no existe, luego el denominador no se puede limpiar de los incómodos. Un instrumento que pertenece a una fundación está protegido, en lugar de eso, por la buena fe de su patronato, y la buena fe no se hereda.

Cuarta. Quién responderá a la cuadragésima pregunta. El rendimiento de una sola respuesta ronda el cero, una respuesta pagada devalúa la medición, la coacción la excluye el núcleo. Queda la pertenencia: un instrumento que funciona con participación voluntaria durante décadas no exige motivación, sino pertenencia, y esa razón es de ingeniería, no poética.

Quinta, jurídica. Los escalones superiores de la escalera del peso están al alcance de quien es alguien, y no de lo que es algo: partes en el derecho internacional lo son los sujetos, y el derecho de libre determinación está reconocido a los pueblos. La salvedad la repetimos aquí mismo: si ese derecho se aplica a un pueblo no territorial constituido voluntariamente no lo establece el derecho internacional, y nosotros no lo afirmamos. Pero una fundación no tiene posibilidad alguna, mientras que para un pueblo esa posibilidad no está cerrada.

Ya existe una comprobación viva de este razonamiento: el mayor proyecto de verificación de la unicidad de una persona construido sin un pueblo ha recibido en dos años resoluciones restrictivas de los reguladores de tres países, y no conocemos ni un solo caso en que su registro se haya tomado como fuente de mediciones de relevancia pública. El caso está analizado en el anexo «Por qué el instrumento no puede prescindir de un pueblo».

Cuánto cuesta el pueblo

Ya que estamos siendo honrados, nombremos también el precio. Un crecimiento más lento: adherirse a un pueblo es más difícil que registrarse. Una propuesta más difícil de explicar. Una cuestión jurídica abierta de la que se sirve el adversario. El recelo de los Estados, que una fundación no habría tenido. Y unas limitaciones voluntarias que una fundación no habría asumido. El intercambio es consciente, y puede resultar desventajoso.

Cómo comprobar que nos equivocamos

En la línea del resto del documento, nombremos la condición de nuestro propio error. Si dentro de diez años una encuesta verificable de alguna fundación o empresa la citan con regularidad los órganos de tratados y los Estados, y nadie pregunta entretanto «quién les ha facultado a ustedes», entonces el pueblo sobraba y nosotros elegimos el camino caro donde servía el barato.

Y la pregunta inversa

¿Para qué le hace falta al pueblo un instrumento? Un pueblo sin instrumento es una declaración de intenciones que no tiene manera de expresar una voluntad común: exactamente aquello de lo que nos quejamos nosotros mismos. Un instrumento sin pueblo son unos datos que no hay quien presente en nombre de nadie. No son dos cosas de las que se pueda descartar una. Son dos mitades de una sola. La verificabilidad sin reconocimiento mutuo da estadística; el reconocimiento mutuo sin verificabilidad da una petición. Juntos dan aquello que hasta ahora no existía.

Esta sección no está para equilibrar. Cada uno de los desenlaces enumerados es posible, algunos son más probables que los buenos. El análisis completo está en el anexo «Por qué el instrumento no puede prescindir de un pueblo»; aquí, una línea por manera.

La baja participación va aparte, porque por importancia es la primera. Una medición con baja participación es peor que la ausencia de medición: no añade prueba y socava la ya acumulada. Eso no se cura con recordatorios ni con llamamientos, sino con la pregunta: la persona responde cuando la pregunta atañe a su vida y cuando de la respuesta depende algo (sección 7). La participación se publica siempre y en primer lugar, incluidos los valores bajos, y la participación es el principal indicador vital del proyecto, más importante que el número de participantes: un pueblo de diez millones con una participación del cuarenta por ciento pesa incomparablemente más que un pueblo de cien millones con una participación del cuatro, aunque en ambos casos el número de quienes han respondido es el mismo - cuatro millones. No garantizamos que siempre se encuentre una pregunta apta: el límite es estrecho a propósito, y no vamos a ensancharlo en aras de la participación.

Están construidos y funcionan la verificación de identidad y la expedición de un pasaporte intransmisible, el registro de pasaportes en la cadena de bloques, el canal público de votaciones y la caja on-chain. No está construido lo principal para el presente documento: no se ha realizado ni una sola medición de fondo, no existe un procedimiento detallado de formación de la pregunta, no hay paneles por sorteo, no se ha abierto la crónica de las no respuestas y no se ha realizado una auditoría independiente de seguridad.

La lista completa y siempre actualizada de qué está construido, qué está cerrado y dónde hay que confiar hoy en nosotros está en el documento Dónde estamos ahora. Un hecho debe tener una sola fuente, y esa es.

Para que lo aquí descrito se pueda verificar y no haya que aceptarlo por fe, nombramos los indicadores por los que se nos debe juzgar. La obligación de publicar la participación sobre quienes tenían derecho a voto se establece en el artículo 8 bis de la Carta; los demás indicadores el presente documento no los establece ni puede establecerlos - los propone como una medida que él mismo se aplica. Ninguno de ellos es publicitario, y en varios de ellos vamos a quedar mal a ciencia cierta en los primeros años.

Aquí no hay plazos. En ningún escalón está escrito «dentro de tres años»: la velocidad la fijan el número de participantes, la práctica acumulada y las decisiones ajenas, y no nuestro plan. Los plazos son de otra cosa: el período constituyente está fijado a partir del 22 de noviembre de 2026, y la Declaración se somete a votación (El período constituyente).

Aquí no hay promesa de resultado. Aquello a lo que el pueblo está vinculado y aquello a lo que no lo está lo establece el artículo 6 de la Declaración, y aquí no lo reproducimos, para que la norma conserve una sola fuente. En breve: el reconocimiento no está en su poder, y la existencia del pueblo no depende del reconocimiento.

Las normas en las que se apoya el documento: Carta de las Naciones Unidas, preámbulo y artículo 1, párrafo 2 - texto; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 20, 21 y 28 - texto; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1, 22 y 25 - texto; Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, artículo 6 - texto; Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007 - texto.

Los hechos: investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York sobre los comentarios falsos en el trámite de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, 6 de mayo de 2021 - informe; Mancur Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, 1965, fuente doctrinal y no norma. Las fuentes de los análisis trasladados están en los anexos «Por qué el recuento está roto», «Influencia sin facultades» y «Por qué el instrumento no puede prescindir de un pueblo».

Los documentos del corpus a los que remite el presente: Declaración (artículos 3, 5, 6, 8, 9, 10 y 11), Base jurídica, Carta, DAO Earthlings, Tesorería, Plataforma digital, El camino del earthling, Pasaporte SBT, Verificación biométrica, El período constituyente, Cómo nace un sujeto de derecho, Dónde estamos ahora.