La voz ciudadana

La sección va primero a propósito: define qué es este documento dentro del corpus y qué no es en ninguna circunstancia.

El presente documento no establece nada. No crea derechos ni impone obligaciones, no atribuye facultades ni las limita, nada permite y nada prohíbe. De él no se sigue nada que deba cumplirse. Ninguna disposición de ningún otro documento del corpus se funda en él ni puede fundarse en él.

Explica y supone. Todos los demás documentos del corpus describen lo que hay o establecen lo que debe ser. El presente habla también de lo que todavía no existe: de unos escalones de los que hasta hoy no se ha subido ninguno y de unas posibilidades de las que ninguna se promete. La sección 20 enumera nueve maneras en que todo esto puede no llegar a ser, y la sección 21, qué está construido y qué no lo está aún.

Fuerza obligatoria la tienen la Declaración y la Carta. Si el presente documento discrepa de cualquiera de ellas, se aplican ellas. La discrepancia que se advierta se corrige modificando el presente documento, y no la Declaración ni la Carta. La interpretación del presente documento no puede rebajar ninguna garantía de la persona ni ampliar las facultades del pueblo o de alguna de sus instituciones.

Puede reescribirse o retirarse por entero, y con ello no cambiará nada. Si dentro de diez o de veinte años no resulta subido ninguno de los escalones aquí descritos, el presente documento habrá de revisarse o retirarse - y la Declaración, la Carta, el registro, el procedimiento de votación y la pertenencia de las personas entre sí seguirán siendo exactamente los mismos. Esta propiedad no es casual y se mantiene a propósito: un texto que predice no debe llevar encima nada que se derrumbe junto con la predicción incumplida.

Ocupa el segundo lugar por orden de lectura, no por fuerza. Conviene leerlo justo después de la Declaración, porque explica para qué está escrito lo demás. Por su fuerza jurídica dentro del corpus, en cambio, queda por debajo de todos los documentos que establecen algo, y ese es el lugar que le corresponde.

Las propuestas sobre él se admiten en igualdad con todas las demás. El procedimiento está en el documento El período constituyente. Para presentar una propuesta no hacen falta la adhesión, ni la verificación de identidad, ni estar de acuerdo con lo expuesto aquí.

La persona que piensa en adherirse hace una pregunta razonable: ¿qué cambia? El pasaporte earthling no sustituye al del Estado. La nacionalidad se conserva. Los impuestos se pagan donde se pagaban. El participante cumple las leyes de su país como las cumplía.

Entonces, ¿qué?

La presente sección responde por entero. Se puede leer y cerrar el documento: más adelante viene lo mismo, pero con pruebas, con el análisis de cada procedimiento y con la lista de lo que puede no salir.

Qué está roto

Modos de pronunciarse hay hoy más que nunca en la historia. Lo que falta no es un canal, sino una prueba.

Las firmas de una petición se pueden dibujar. Una encuesta se puede encargar. Los comentarios se pueden fabricar a máquina en cualquier cantidad. Por eso cualquier pronunciamiento de la sociedad se rechaza sin discutir el fondo: basta con dudar de que detrás haya personas vivas. El destinatario no rechaza con ello la opinión: duda de la prueba, y la duda parece prudencia y no desdén.

Lo grave que es esto se ve en un solo caso. En el trámite obligatorio de información pública que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos llevó a cabo en 2017, de más de veintidós millones de comentarios casi dieciocho millones resultaron falsos, según acreditó la investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York. No se devaluaron las falsificaciones. Se devaluaron los veintidós millones enteros, los auténticos incluidos.

Qué construimos

No otro modo más de pronunciarse, sino un orden en el que personas verificadas responden una sola vez a una pregunta y el recuento lo puede rehacer cualquiera, incluido aquel a quien el resultado le incomoda.

La salvedad sin la cual esto suena peligroso: el instrumento es un procedimiento, no personas. No se mide a la persona; la persona responde o no responde por su propia voluntad. Llamamos instrumento al orden de recogida y de verificación: la pregunta, el plazo, el registro, la firma, la publicación.

Cómo funciona

Participa el titular de un pasaporte intransmisible, una persona que ha pasado la verificación de identidad. La verificación de la unicidad, además, no exige revelar la identidad: consta que detrás del asiento hay una sola persona viva, y no consta quién es.

La pregunta no la redactan quienes llevan la gestión operativa del pueblo. Se publica con antelación y pasa por una fase contradictoria en la que la ataca aquel a quien la respuesta previsible le perjudica. Abierta la votación, la pregunta ya no se corrige: el defecto que se descubra significa la anulación de la medición, y no un arreglo sobre la marcha.

Las preguntas van por dos vías. Las internas - en qué se gasta la caja común, qué proyectos apoyar, cómo cambian las reglas -: aquí la consecuencia llega enseguida y con certeza. Y las planetarias - aquellas que ningún Estado resuelve por sí solo -: se plantean en el punto donde la consecuencia recae sobre la persona, y no allí donde las instituciones la negocian.

Para que la escala no se vuelva superficialidad, funcionan dos capas: un panel elegido por sorteo estudia la cuestión durante varias semanas y formula las opciones, y el pueblo entero vota sobre lo preparado.

Junto con el resultado se publica todo aquello con lo que se verifica: la formulación literal de la pregunta, los plazos, las objeciones presentadas, el número de quienes tenían derecho a voto, la participación y el modo de rehacer el recuento por cuenta propia, sin fiarse de nosotros.

De dónde sale aquí el pueblo

El pueblo no se le añade al instrumento desde fuera. Sale de dentro.

La medición necesita una composición determinada; de otro modo no se sabe de qué se ha nombrado la proporción. El operador no debe poder cambiar esa composición, y eso significa que los participantes tienen derechos frente al operador, y eso ya es un texto constitutivo y no unas condiciones de uso. El instrumento no debe ser comprable, y eso significa que no tiene dueño y que lo poseen los participantes. Debe servir por igual a todas las partes, y eso significa que no pertenece a ningún Estado. Y, al publicar el resultado, dice «nosotros» y no «tantos usuarios del servicio».

Una formación con esas propiedades proponemos considerarla un pueblo. Es nuestra posición, no un criterio jurídico comúnmente aceptado.

Cómo gana peso

Por escalones, y una parte de ellos no exige el permiso de nadie: la primera medición indiscutible, que el oponente use el mismo instrumento, la crónica pública de las no respuestas. Después viene lo que ya no depende solo de nosotros: la cita por terceros, que se pida la posición en vez de presentarla, el encaje en procedimientos ajenos y algún día la norma.

El umbral decisivo no está en el tamaño. Llega el día en que la parte contraria invoque la medición porque sostiene su propio argumento: desde ese momento el instrumento deja de ser nuestro y pasa a ser común.

Qué no hace

No es poder: las decisiones obligan solo dentro del pueblo. No sustituye a la nacionalidad, ni a las elecciones, ni a las leyes. No es un partido: el pueblo no presenta candidatos ni participa en la política interna de los Estados, sea cual sea su tamaño. No coacciona.

Y algo sobrio. Ni siquiera el pleno reconocimiento del pueblo como sujeto de derecho internacional daría la posibilidad de cambiar la ley de país alguno: ningún sujeto dispone de esa posibilidad respecto de otro.

Qué le da esto a la persona

Hoy: un «soy una persona viva, soy una sola y esto lo puede verificar cualquiera» acreditable, un voto igual en todas las decisiones del pueblo y la participación en las primeras mediciones.

Con millones: mediciones que no se pueden achacar a la marginalidad; trabajo y cobro con independencia del acceso a los servicios bancarios; resolución de controversias por un procedimiento que no depende de la jurisdicción.

Con decenas de millones: la posición contada de las personas verificadas del planeta sobre una cuestión que atañe a todos. Un artefacto así, que sepamos, no lo tiene nadie.

Qué puede no salir

Muchas cosas. La sección 19 enumera nueve maneras, y la principal de ellas es la baja participación: una medición en la que respondió el tres por ciento es peor que la ausencia de medición, porque socava lo ya acumulado. Por eso el principal indicador vital es la participación y no el número de participantes, y se publica siempre.

La sección 20 dice qué de lo descrito ya está construido y qué no. Mediciones de fondo no se ha hecho todavía ninguna.

Y adónde ir después

El presente documento no establece nada. Los derechos de la persona, sus garantías y los límites del poder del propio pueblo están escritos en la Declaración: es el texto de mayor fuerza del corpus y el único que se somete a votación. Si de todo el corpus hay que leer un solo documento, hay que leerla a ella.

Más adelante viene aquí lo mismo en detalle: con qué está probada cada afirmación, cómo funciona cada procedimiento y qué no garantizamos.

La presente sección expone lo mismo que el resto del documento y no es un texto autónomo. Si la exposición breve discrepa de la detallada, se aplica la detallada: la breve existe para comodidad de la lectura, no como segunda fuente.

Suele decirse que las personas no tienen modo de ser escuchadas. Es inexacto, y la inexactitud impide ver el problema verdadero.

Modos de hacer llegar una opinión arriba hay hoy más que nunca en la historia. Una petición se reúne en una tarde. Una carta al diputado sale en un minuto. Las audiencias públicas están abiertas. En la mayoría de los países existe el trámite de información pública sobre los proyectos normativos. Las redes sociales llevan cualquier cosa a cualquiera. Las empresas demoscópicas miden el estado de ánimo cada semana. La manifestación sigue siendo legal casi en todas partes.

Canales sobran. Lo que falta no es un canal.

Lo que falta es la prueba. Todo lo que pasa por esos canales choca con una misma pregunta, y esa pregunta es legítima:

• «Un millón de firmas»: ¿cuántas las han puesto personas vivas? ¿Cuántas personas firmaron dos veces? ¿Cuántas firmas se vendieron, se generaron o se pusieron en nombre ajeno?
• «La encuesta arrojó un 70 por ciento»: ¿a quién se preguntó, cuántos eran, cómo sonaba la pregunta literalmente, quién encargó y pagó la encuesta?
• «Han llegado dos millones de comentarios»: ¿de personas?
• «Salieron cien mil personas»: ¿quién las contó y en nombre de quién salieron, aparte del suyo propio?

Fíjese en cómo está hecha esa objeción. No discute el fondo. No dice «usted no tiene razón». Dice «no se sabe si usted existe». Y con eso basta para no responder sin perder la cara: el destinatario no ha rechazado la opinión de las personas, ha dudado de la prueba, y la duda parece prudencia y no desdén.

Por eso la voz ciudadana es ignorable. No porque el poder sea malvado, sino porque el recuento está roto, y está roto de verdad.

Hasta qué punto de verdad lo muestra un caso que conviene conocer entero.

En 2017 la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos llevó a cabo el trámite obligatorio de información pública sobre la derogación de las reglas de neutralidad de la red. Ese trámite no es decorativo: está incorporado a la Ley de Procedimiento Administrativo estadounidense, y el organismo está obligado a examinar las objeciones recibidas. Llegaron más de veintidós millones de comentarios, una cantidad nunca vista, el triunfo de la participación ciudadana, cabría pensar.

La investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, publicada el 6 de mayo de 2021, acreditó que casi dieciocho millones de ellos eran falsos. Una parte considerable se presentó en nombre de personas reales sin que estas lo supieran, con sus nombres y sus direcciones verdaderos.

Falsificaban las dos partes de la disputa, y eso importa más que las cifras mismas. Una asociación sectorial de proveedores de comunicaciones gastó 4,2 millones de dólares y obtuvo más de 8,5 millones de comentarios falsos a favor de la derogación. Desde la parte contraria, una sola persona de diecinueve años presentó más de 7,7 millones de comentarios a favor de mantenerlas. Otro medio millón de cartas falsas fue además al Congreso.

Deténgase en esas dos cifras. La campaña sectorial costó millones de dólares, y una sola persona con una destreza corriente en programación hizo casi otro tanto gratis. Ese era entonces el precio de la falsificación. Desde entonces no ha hecho más que bajar.

El desenlace de esta historia es más grave de lo que parece a primera vista. No se devaluaron los dieciocho millones de comentarios falsos. Se devaluaron los veintidós millones enteros, incluidos los cuatro millones auténticos. Después de un caso así, cualquier organismo de cualquier país obtiene un fundamento legítimo para no creer en absoluto en las aportaciones públicas, y ese fundamento ya lo tiene para siempre.

Y va a ir a peor, por una razón que no depende de la mala voluntad de nadie. Fabricar texto humano verosímil en cualquier cantidad se ha vuelto barato y se abaratará aún más. Distinguir por el texto mismo lo escrito por una persona de lo escrito por una máquina será pronto imposible en principio. Lo único que seguirá siendo distinguible no es el texto, sino su origen: si detrás del pronunciamiento hay acreditada una persona viva, única y que se ha pronunciado por su propia voluntad.

Eso es precisamente lo que el pueblo Earthlings sabe hacer. Abajo se explica cómo.

Decir «la política se ha degradado» es fácil pero inútil: no se sabe qué reparar. Analicémoslo, pues, por separado. Las averías son cinco, de naturaleza distinta, y nuestra herramienta no alcanza a todas.

Avería primera: la agregación

Las elecciones comprimen toda la variedad de las opiniones de una persona en una sola elección cada varios años.

Imagine a un votante que coincide con el partido A en sanidad, con el partido B en impuestos, con nadie en política exterior y que tiene una opinión tajante sobre una cuestión que no figura en ningún programa. ¿Qué puede expresar con su voto? Una de dos o tres combinaciones ya hechas, cada una de las cuales le sirve en un tercio.

La consecuencia es mayor de lo que parece. En este sistema la posición de la sociedad sobre una cuestión concreta no es que se mida mal: es que no tiene representación alguna. No hay de dónde sacarla. Los referendos son escasos, caros y en la mayoría de los países se convocan por decisión del poder y no por decisión de las personas.

Avería segunda: el horizonte

Las decisiones cuyas consecuencias llegarán dentro de treinta años las toman personas cuyo horizonte termina en las siguientes elecciones. No es un vicio del carácter, sino la disposición de los incentivos: el político que sacrifique el bienestar de hoy por un resultado que llega dentro de una generación no seguirá en el cargo cuando ese resultado llegue.

La parte perjudicada - quienes todavía no votan y quienes todavía no han nacido - no tiene representación en ningún sistema político del mundo. Su interés carece de titular por construcción.

Avería tercera: el territorio

Las mayores cuestiones de nuestro tiempo no tienen dirección nacional. El cambio climático, la tributación del beneficio transnacional, las reglas para la inteligencia artificial, la resistencia a las pandemias, la suerte del océano y de la atmósfera: ninguna de ellas se resuelve dentro de las fronteras de un solo país, y ningún parlamento del mundo tiene competencia bastante sobre ellas.

Los Estados lo saben e intentan coordinarse. La coordinación se atasca por una razón comprensible: cada gobierno responde ante sus propios votantes, y el beneficio de una decisión concertada les llega a todos, incluidos quienes no participaron. A nadie lo reeligen por un acuerdo internacional.

Avería cuarta: el desplome de la confianza en las aportaciones

Es de lo que se ha hablado arriba. Distinguir una aportación pública auténtica de una fabricada se ha vuelto imposible. Lo que se devalúa no es la falsificación: se devalúa el original, porque ahora no se distingue.

Avería quinta: la asimetría de la organización

Esta avería es la más profunda y la menos conocida, aunque está descrita desde hace mucho: la describió el economista Mancur Olson en su obra de 1965 «La lógica de la acción colectiva».

El fondo es el siguiente. Tomemos una decisión que le reporta a veinte empresas cien millones a cada una y que les cuesta a veinte millones de ciudadanos cien euros a cada uno. La ganancia total de las empresas son dos mil millones. La pérdida total de los ciudadanos son dos mil millones. Las fuerzas están igualadas, cabría pensar.

No lo están. A veinte empresas les resulta fácil organizarse: son pocas, cada una conoce a las demás, cada una tiene en juego cien millones y el gasto en defender ese interés se recupera cientos de veces. A veinte millones de ciudadanos les resulta imposible organizarse: no se conocen entre sí, cada uno tiene en juego cien euros, y dedicar a defender esos cien euros aunque sea una hora del propio tiempo no le compensa a ninguno por separado, aunque les compense a todos juntos.

Por eso el interés concentrado vence al disperso casi siempre, con independencia de quién tenga razón, de la honradez de los políticos y de la forma de gobierno. No es un defecto de la democracia, sino la matemática de la organización, y actúa igual bajo cualquier poder.

De aquí una conclusión importante: la mayoría dispersa pierde no porque sea poca ni porque le falte razón, sino porque reunirse le sale caro. Todo lo que abarata radicalmente esa reunión cambia el desenlace.

Ninguna de las cinco averías la ha creado una mala intención.

La representación se inventó cuando no cabía otra cosa: millones de personas no podían físicamente deliberar sobre lo común ni tomar decisiones sin intermediarios, y no había modo de contar honradamente sus votos. Elegir a quienes decidirían por nosotros era la única salida, y sobre eso se construyó todo, desde el concejo local hasta la Organización de las Naciones Unidas.

Eso funcionó y logró mucho. Una cosa no hizo: no les dio a las personas un modo de expresar por sí mismas la voluntad común.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice en su artículo 21 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo 25 el derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos. La Carta de las Naciones Unidas se abre con las palabras «Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas».

El derecho está reconocido. El procedimiento por el que ese derecho se ejercería de forma directa no existe. Un derecho reconocido que nadie puede hacer valer sigue siendo una norma sin aplicación.

No creemos que haya culpables. Creemos que ha desaparecido la razón por la que no se podía.

De la parte I se sigue algo sencillo que conviene decir directamente, porque determina todo lo demás.

No construimos otro modo más de pronunciarse. Construimos un instrumento de medición.

La diferencia es de fondo. El canal entrega un mensaje; hoy hay decenas, y uno más no cambiará nada. El instrumento establece un hecho: tal número de personas verificadas y únicas respondió tal cosa a tal pregunta, y eso se puede volver a comprobar.

De ahí una fórmula que quizá sea la única de todo el documento que merece la pena recordar:

Ser escuchado hoy puede serlo cualquiera. Ser contado, nadie.

Y enseguida la salvedad sin la cual esa palabra es peligrosa. El instrumento es un procedimiento, no personas. No se mide a la persona: la persona responde o no responde, por su propia voluntad, y la respuesta le pertenece. Llamamos instrumento al orden por el que las respuestas se recogen y se verifican: la pregunta, el plazo, el registro, la firma, la publicación. El pueblo no es una herramienta para nadie, ni siquiera para sí mismo: la herramienta la construye, no la encarna. Lo contrario contradiría el artículo 10 de la Declaración, donde la dignidad de la persona se declara inviolable y la persona, no un medio.

La tarea de «conseguir que no se nos pueda pasar por alto» se ha resuelto en el mundo muchas veces, y las soluciones se conocen. Del análisis de los casos logrados y de los fallidos (se analizan en la parte III) se deducen cinco propiedades. Ignorar una herramienta que reúne las cinco sale caro; una herramienta a la que le falta aunque sea una se ignora gratis.

Propiedad primera. Produce lo que hace falta y lo que no se consigue en ningún otro sitio. No una «opinión importante», sino unos datos o un procedimiento cuya ausencia le estorba a alguien en su trabajo.

Propiedad segunda. El procedimiento se ve entero. No solo el resultado, sino cómo se ha obtenido: quién preguntó, cómo sonaba la pregunta, quién podía responder, cuántos respondieron, cómo verificar el recuento. No hay nada que impugnar cuando se ve todo.

Propiedad tercera. Funciona con regularidad y de manera comparable. Una medición aislada es una noticia. La medición anual de la misma cuestión por el mismo método es una serie, y una serie muestra el movimiento, y con el movimiento hay que contar.

Propiedad cuarta. La usan por igual todas las partes. Una herramienta útil a una sola parte es un arma, y se la rechaza junto con esa parte. Una herramienta útil a ambas es infraestructura, y ambas la cuidan.

Propiedad quinta. La composición es verificable. Consta y se puede acreditar que detrás de la medición hay personas vivas y únicas, cada una de las cuales se pronunció una sola vez y de forma voluntaria.

Ahora, con honradez, sobre dónde estamos.

La quinta propiedad la tenemos nosotros y, que sepamos, nadie más. Ni una empresa demoscópica, ni una plataforma de peticiones, ni una organización social, ni una red social, ni un Estado fuera de sus propias elecciones. La verificación de la unicidad sin revelar la identidad es aquello para lo que se construyeron el pasaporte y el registro, y es lo único de la construcción que no se puede repetir sin construir lo mismo.

Las cuatro primeras propiedades todavía no las tenemos. No se inventan: se cumplen. Es cuestión de disciplina, y esa disciplina se puede verificar desde fuera, que es justo lo que hace falta.

Índices y clasificaciones

El Índice de Percepción de la Corrupción, que publica la organización Transparency International desde 1995, no tiene ni un gramo de fuerza jurídica. No obliga a nadie, a nada coacciona y no acarrea consecuencia alguna. Y sin embargo los gobiernos contratan consultores para subir en él y anuncian esa subida como un logro. Las agencias de calificación crediticia son empresas privadas cuya opinión sobre la solvencia de un Estado mueve el coste de su deuda en miles de millones.

Lección. Una cifra publicada de forma sistemática adquiere una influencia que nadie le ha dado. El mecanismo es la regularidad, la comparabilidad y la cita por terceros.

La muerte de una clasificación

El Banco Mundial publicaba la clasificación Doing Business, que evaluaba las condiciones para hacer negocios en ciento noventa economías. Su influencia era enorme: los Estados reescribían su legislación para subir en ella. Después de que en junio de 2020 se comunicaran dentro del banco irregularidades en los informes de 2018 y de 2020, la publicación se suspendió y la revisión se encargó a un despacho jurídico externo. La investigación acreditó que sobre el equipo que preparaba el índice se ejerció presión para alterar los indicadores de algunos países. El 16 de septiembre de 2021 el banco anunció el cese de la clasificación. No su suspensión: su cese. No se intentó restablecerla: no quedaba nada que restablecer.

Lección contraria a la primera y más importante que ella. Todo el capital de una herramienta así es la confianza en el procedimiento. No se gasta poco a poco: se pierde entera y de una vez.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

El IPCC no tiene facultad alguna: no decide nada, no obliga a nadie y no destina ni un céntimo. Y sin embargo sus informes de evaluación fijan el marco de cada negociación climática: se discute dentro de sus conclusiones, no al margen de ellas.

¿De dónde sale la influencia? No de la autoridad de los científicos: científicos con autoridad hay muchos y sus opiniones divergen. La influencia viene del procedimiento de elaboración: revisión abierta por pares, observaciones publicadas junto con las respuestas a ellas, discrepancias consignadas, aprobación línea por línea del resumen final con participación de los gobiernos. No hay nada que impugnar, porque el proceso se ve entero, incluidos los puntos en los que no hay acuerdo.

Lección. Lo que hace que algo no se pueda ignorar no es el contenido del pronunciamiento, sino la transparencia del procedimiento por el que se ha obtenido.

Las normas técnicas

Las normas sobre las que funciona internet las establecen el IETF y el W3C, asociaciones que no ha constituido ningún Estado, que actúan de forma voluntaria y que no tienen la menor facultad. El principio de trabajo del IETF, formulado en 1992, dice así: «consenso aproximado y código que funciona». Sobre esas normas se sostiene la economía mundial. Nadie le pidió permiso a nadie.

Lección. Si lo que uno produce le hace falta a todos y no se consigue en ningún otro sitio, el estatuto llega después y por sí solo.

Las asambleas ciudadanas

Irlanda modificó dos veces su constitución a resultas del trabajo de unos órganos que no tenían facultad alguna.

La Convención Constitucional de 2012-2014 recomendó permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo: en el referendo del 22 de mayo de 2015 lo aprobó el 62 por ciento de quienes votaron. La Asamblea Ciudadana, constituida por el parlamento en julio de 2016 y que terminó su trabajo en la primavera de 2018, recomendó derogar la octava enmienda: en el referendo del 25 de mayo de 2018 se pronunció por la derogación el 66,4 por ciento, con una participación del 64,1 por ciento.

Las composiciones se eligieron de modo distinto, y la diferencia es instructiva. En la Convención, de sus cien integrantes sesenta y seis eran ciudadanos designados por sorteo, treinta y tres, políticos en ejercicio, y el centésimo era el presidente nombrado. La Asamblea Ciudadana fue más lejos: sus noventa y nueve participantes se eligieron por sorteo todos sin excepción, en su composición no hubo político alguno, y la presidencia se nombró aparte. En ambos casos los participantes estudiaron la cuestión durante varios meses, escucharon a especialistas y a las dos partes, deliberaron en público y votaron.

Lección. La legitimidad no la da el carácter electivo, sino un procedimiento de selección transparente y una deliberación abierta. Unas personas elegidas al azar que se hicieron cargo de la cuestión resultaron más convincentes para la sociedad que unos políticos elegidos.

Y un contraejemplo que conviene conocer

El Tribunal Russell sobre Vietnam de 1966-1967 y el Tribunal Permanente de los Pueblos, instituido doce años más tarde, dictaron dictámenes cuidadosamente preparados sobre las cuestiones más graves. Su composición era autodesignada, su representatividad no estaba acreditada de ningún modo y sus facultades no existían. Moralmente se los respeta. Políticamente se los ignora por completo, y así llevan sesenta años.

Lección. Sin una composición verificable, cualquier procedimiento, incluso impecable, sigue siendo la opinión particular de un grupo de personas respetables. Ese es exactamente el punto en que nos diferenciamos, y exactamente lo que perderemos si la composición deja de ser verificable.

El instrumento se ha descrito arriba como propósito. Aquí, cómo debe funcionar para no convertirse en una encuesta más. Los requisitos sin los cuales la medición no se produce están establecidos en la Carta, artículo 8 bis: quién no tiene derecho a aprobar la pregunta, qué se publica junto con el resultado, quién constata el defecto y con el dinero de quién no se realiza la medición. El procedimiento en detalle la Carta lo ha encomendado a una decisión de la Asamblea y ha exigido que se publique antes de la primera medición; a día de hoy no está adoptado. Abajo, lo mismo con la explicación de dónde ha salido cada requisito, y el propósito allí donde todavía no hay regla.

Puede participar el titular de un pasaporte earthling, es decir, la persona que ha pasado la verificación de identidad y ha obtenido un asiento intransmisible en el registro.

Qué le da eso a la medición:

• una persona, un voto, porque el pasaporte es uno por persona y no se puede transmitir;
• el voto no se puede comprar, porque el pasaporte es intransmisible y no se enajena;
• el voto no se puede acumular, porque el patrimonio está separado del voto por el núcleo intangible de la Declaración, artículo 13;
• puede verificarlo cualquiera, porque el registro vive en la cadena de bloques y no en nuestros servidores, y se lee directamente del contrato inteligente abierto.

Cómo está hecha exactamente la verificación de identidad y por qué no se convierte en vigilancia se describe en los documentos Política de verificación biométrica y Pasaporte SBT. Qué está abierto en esa infraestructura, qué está cerrado y dónde hoy hay que fiarse de nuestra palabra se explica en el documento Dónde estamos ahora.

Lo esencial es esto: la verificación de la unicidad no exige revelar la identidad. El instrumento sabe que detrás del asiento hay una sola persona viva y no sabe quién es. Para medir eso basta; para vigilar, no.

Es el punto más vulnerable de cualquier medición y, por eso mismo, el más estricto.

Quien formula la pregunta determina la mitad de la respuesta. «¿Está usted de acuerdo en pagar más por la electricidad en aras del clima?» y «¿Está usted de acuerdo en que quien contamina pague el daño?» son una misma pregunta, planteada de modo que las respuestas serán opuestas. Basta una sola formulación capciosa descubierta en público para devaluar no ya esa medición, sino todas las pasadas y todas las futuras.

Por eso el procedimiento de formación de la pregunta está obligado a responder a cinco requisitos:

1. Separación. La formulación no la aprueban quienes llevan la gestión operativa del pueblo. Son manos distintas.
2. Publicación anticipada. La pregunta se publica antes de que empiece la votación, con indicación del plazo durante el cual se la puede impugnar.
3. Fase contradictoria. La formulación pasa por las objeciones de aquel a quien la respuesta previsible le perjudica. Las objeciones y las respuestas a ellas se publican junto con la pregunta, como hace el IPCC con sus revisiones.
4. Inmutabilidad una vez iniciada. Desde el momento en que se abre la votación, la pregunta no se edita. El defecto de formulación que se descubra significa la anulación de la medición y una nueva, y no un arreglo sobre la marcha.
5. Vínculo con la vida del participante. La pregunta se plantea allí donde la consecuencia recae sobre la persona, y no allí donde las instituciones la negocian. Este requisito no va de cortesía hacia el lector: determina si la medición se produce o no, y se explica más abajo por separado.

El objeto de la pregunta lo limita el artículo 7 de la Declaración con dos rasgos que operan a la vez: ningún Estado puede resolver esa cuestión por sí solo, y las consecuencias recaen sobre las personas con independencia de si participaron o no en la decisión.

Los rasgos son exhaustivos; la lista de cuestiones, no. Entran en ellos, por ejemplo, la tributación del beneficio transnacional, las reglas para los sistemas de inteligencia artificial, la suerte de la atmósfera y del océano, la resistencia a las pandemias, la responsabilidad ante las generaciones futuras. No entra nada de la política interna de un Estado concreto; de eso se trata aparte en la sección 11.

La pregunta está obligada a atañer a la vida de aquel a quien se pregunta

Esta es la respuesta a la causa de fracaso más probable, la baja participación, de la que se habla aparte en la sección 20. No se cura con recordatorios ni con llamamientos, sino con la pregunta. Si las preguntas no atañen a la vida real, a los intereses y a las dificultades de las personas, el sentido de la votación desaparece por entero: no hay para qué preguntar ni para qué responder.

Aquí hay una contradicción verdadera, y la nombramos en vez de rodearla. Los rasgos del artículo 7 seleccionan cuestiones planetarias, aquellas que ningún Estado resuelve por sí solo. Y lo planetario, de oído, queda lejos de la persona: entre «la concertación del tipo del impuesto sobre el beneficio transnacional» y las preocupaciones de un día concreto la distancia parece insalvable.

Lo parece. Una cuestión planetaria aterriza siempre en algún sitio; de otro modo no sería planetaria: las consecuencias recaen sobre las personas, y en eso consiste su segundo rasgo. Luego la pregunta hay que plantearla en el punto de aterrizaje y no en el punto de negociación. Compare:

A la derecha y a la izquierda está la misma pregunta. El planteamiento de la derecha no es una simplificación ni un cebo: es más preciso, porque nombra el lugar donde la consecuencia se produce realmente.

Y acto seguido el límite, porque de este recurso a la desgracia hay un solo paso. Formular en busca de reacción linda con formular en busca de la respuesta deseada, y eso ya lo prohíbe expresamente el requisito 3. La distinción la trazamos así: la formulación es admisible si nombra dónde recae la consecuencia, e inadmisible si sugiere cómo hay que tomarse esa consecuencia. «Debe una empresa poder no pagar impuestos en ninguna parte» nombra. «Es justo que las corporaciones se lucren a costa de usted sin pagar impuestos» sugiere. Los dos planteamientos atañen a la vida; el segundo no es una medición. La fase contradictoria existe, entre otras cosas, para descartar formulaciones así, y la objeción «la pregunta está formulada en busca de la respuesta deseada» se examina en igualdad con las demás.

El segundo límite es el artículo 9. Las cuestiones más cercanas a la persona son casi siempre de política interna, y precisamente por eso están cerradas. Una pregunta apta está en la intersección de dos condiciones: atañe a la vida de la persona y a la vez no tiene dirección nacional. Esa intersección no está vacía: la tributación del beneficio transnacional, las reglas para los sistemas con los que las personas hablan cada día, la suerte de los datos sobre la persona, el precio de los medicamentos, la resistencia a las pandemias, quién paga el daño causado al planeta. Cada una de ellas tiene un punto de aterrizaje en la vida de cualquier persona, y no hay ni un solo parlamento que la resuelva por entero.

Dos vías de preguntas, y las dos hacen falta

Hay también una segunda razón, más sencilla, por la que las personas responden: la respuesta hace algo. La persona participa no allí donde le resulta interesante, sino allí donde el desenlace depende de ella.

Por eso las preguntas del pueblo van por dos vías, y no se puede sustituir una por la otra.

Las preguntas de la vida interna del pueblo: en qué se gasta la caja común, cuál es la cuantía de la cuota, qué proyectos apoyar, cómo cambian las reglas, qué hacer con los encargos. Aquí la consecuencia llega siempre y enseguida: el dinero se gasta de verdad, las reglas cambian de verdad. Son esas votaciones las que crean la costumbre de responder, y la costumbre es lo único que sostiene la participación a la larga. Su objeto no lo limita el artículo 7, sino el artículo 11 de la Declaración: son cuestiones de la vida del pueblo, no de la posición del pueblo hacia fuera.

Las preguntas planetarias son aquellas de las que se ha hablado arriba. Su consecuencia no está garantizada: podemos medir y publicar, pero no podemos prometer que alguien responda. En eso está su debilidad, y en los primeros escalones de la escalera no hay modo de suprimirla.

De ahí una intención que dejamos escrita aquí para que se nos pueda exigir: ningún período consta solo de preguntas planetarias. Un pueblo que durante años vota únicamente sobre aquello a lo que nadie responde deja de votar, y hará bien.

Aquí respondemos a la objeción más fuerte contra todo el empeño: preguntar a millones de personas no preparadas sobre una cuestión compleja no es mejor que preguntar a mil no preparadas; solo tiene más escala.

La objeción es justa. La escala por sí sola no da calidad al juicio, y un gran número de respuestas mal meditadas es un gran número de respuestas mal meditadas.

La respuesta a ella son las dos capas. Abajo se describe el propósito: no está establecido como regla obligatoria ni en la Carta ni en ningún otro sitio, y hoy tampoco se puede aplicar - un sorteo a partir de un registro de unos cientos de personas no da un corte transversal del pueblo. El propósito está dispuesto así:

Capa primera: el panel. Para cada pregunta se elige por sorteo del registro un panel. El sorteo no tiene opinión: da un corte transversal del pueblo y no su parte activa, y eso es de fondo, porque la parte activa siempre está sesgada. El panel estudia la cuestión durante varias semanas: recibe materiales, escucha a especialistas y a representantes de posiciones opuestas, delibera en público. A la salida el panel no decide: formula las opciones y expone los argumentos a favor y en contra de cada una, junto con aquello en lo que los participantes no se pusieron de acuerdo.

Capa segunda: el pueblo. El pueblo entero vota sobre las opciones preparadas, teniendo delante el trabajo del panel.

No conocemos ningún sistema donde esa combinación esté realizada por completo.

Lo más cerca ha estado el sondeo deliberativo que James Fishkin dirige con la Universidad de Stanford desde 1988: muestra aleatoria, estudio de materiales contrastados, deliberación en grupos pequeños, preguntas a especialistas de posiciones opuestas y una segunda medición. Se han hecho más de ciento cincuenta experimentos así en más de cincuenta jurisdicciones. Allí hay sorteo, hay preparación y hay medición antes y después. Faltan dos cosas: la escala y una composición verificable.

El segundo caso más cercano es la Asamblea Mundial de 2021: cien personas elegidas por sorteo en todo el mundo de manera que la composición correspondiera a la población del planeta por edad, sexo, procedencia e ingresos; sesenta y ocho horas de trabajo en once semanas; la declaración final se leyó en la conferencia climática de Glasgow. Ese es, por lo que parece, el límite superior de profundidad alcanzado hasta hoy, y topa con un centenar de personas.

Las asambleas ciudadanas tienen profundidad sin escala: un centenar de personas se hizo cargo de la cuestión, pero hablar en nombre de la sociedad no pueden. Los referendos tienen escala sin profundidad: millones votaron sin haberse hecho cargo, a menudo sobre una formulación redactada por el poder. Unir lo uno con lo otro lo impedía exactamente aquello que ya hemos resuelto: la imposibilidad de seleccionar honradamente y de contar honradamente a las personas a distancia.

Aquí está también el valor práctico del registro para otros: la base para el sorteo. El punto más débil de cualquier asamblea ciudadana es de dónde sacar una lista cuya aleatoriedad de muestreo nadie vaya a impugnar. El registro de personas verificadas y únicas cierra esa tarea, y la cierra de manera neutral: el sorteo no tiene posición y sirve por igual a cualquier parte.

Un resultado sin rastro es una afirmación. Un resultado con rastro es un hecho. Por eso cada medición se publica junto con todo lo que hace falta para verificarla:

• la formulación literal de la pregunta y las opciones de respuesta;
• la fecha de publicación de la pregunta y las fechas de apertura y de cierre de la votación;
• las objeciones presentadas en la fase contradictoria y las respuestas a ellas;
• los materiales del panel: la composición por modo de selección, los documentos estudiados, las partes escuchadas, los argumentos expuestos, las discrepancias consignadas;
• el número de quienes tenían derecho a voto en el momento de la apertura;
• el número de votantes y la participación sobre quienes tenían derecho - se publica siempre, incluidos los casos en que es baja;
• la distribución de las respuestas;
• la distribución de la participación por países y regiones, en un desglose que no permita identificar a una persona;
• el modo en que cualquier persona puede rehacer el recuento por su cuenta: dónde están las firmas, dónde está el registro, con qué consulta se verifica cada voto.

El último punto es el principal. La verificación no debe exigir confianza en nosotros. Los votos están firmados con los monederos de quienes votan, las direcciones de quienes votaron son públicas y la existencia de pasaporte en cada dirección se lee directamente del contrato inteligente. No podemos ni añadir un voto ni falsificar el ajeno, y eso no lo verifican nuestras palabras, sino una consulta ajena a la cadena de bloques.

Hay un punto en el que hoy hay que fiarse de nosotros, y lo nombramos nosotros mismos: en el momento de votar, el derecho de voto lo confirma nuestro servidor. Después de la votación eso ya no importa, porque todas las direcciones son públicas y cada una se vuelve a comprobar en el contrato, y una discrepancia se vería. Así de claro está dicho en el documento Dónde estamos ahora, y allí mismo se nombra el segundo punto de esa clase.

Si la medición resulta defectuosa

Las elecciones tienen el segundo recuento; las publicaciones científicas, la retractación del artículo. Un instrumento que no tiene un procedimiento anunciado de antemano para reconocer su propio error lo pierde todo al primer error, y el error llegará: las mediciones serán cientos y al menos una saldrá estropeada.

Se reconoce como defecto de la medición: una formulación capciosa o ambigua de la pregunta descubierta después de iniciada la votación; un fallo técnico por el que una parte de quienes tenían derecho no pudo votar o votó dos veces; la infracción del procedimiento de formación de la pregunta; y toda discrepancia entre el resultado publicado y lo que se lee del registro.

El procedimiento es, entonces, el siguiente:

1. Puede denunciarlo cualquier persona, y no solo un participante, ni solo nosotros. La denuncia se publica junto con la fecha de entrada.
2. El defecto no lo constata quien realizó la medición. Si deciden quienes la realizaron, no habrá reconocimiento del error jamás; eso se sabe de antemano, y por eso no se hace así.
3. La anulación se publica en el mismo sitio y con la misma visibilidad que el resultado, y no en una nota al pie. A la vez se publica en qué consistió exactamente el defecto.
4. La medición anulada no desaparece de la crónica. Se mantiene con la nota de anulación. Un instrumento cuyo pasado se puede limpiar no es mejor que un instrumento cuyo presente se puede retocar.
5. La medición se repite de nuevo y desde el principio, incluida una nueva fase contradictoria. El arreglo sobre la marcha no se admite en ninguna circunstancia.
6. El número de mediciones anuladas se publica en la serie general de indicadores. Un cero en esa casilla a lo largo de muchos años no es motivo de orgullo, sino motivo de pregunta.

Preferimos describir esto de antemano, mientras no se ha hecho ninguna medición y no cabe sospechar que el procedimiento se haya escrito a la medida de un caso incómodo concreto.

Un instrumento con el que se puede medir todo será usado contra alguien. Por eso las limitaciones están escritas en la Declaración y no en un reglamento, y no se levantan por decisión de la mayoría.

La política interna de un Estado concreto. Sobre esas cuestiones no se adopta en absoluto una posición colectiva en nombre de todo el pueblo: artículo 9 de la Declaración. El pueblo Earthlings no participa en la lucha por el poder del Estado, no apoya a partidos ni a candidatos, no financia campañas electorales y no llama a votar de una manera determinada.

Una persona concreta. No se adopta una posición colectiva respecto de una persona determinada. El pueblo se pronuncia sobre fenómenos, decisiones y órdenes de cosas, pero no sobre personas. Un instrumento apuntado a una persona es un linchamiento con procedimiento, y no lo vamos a construir.

Los principios del núcleo intangible. No son objeto de votación, y no se trata de un umbral reforzado, sino de una cuestión que no se plantea en absoluto. La lista de esos principios es cerrada y la establece el artículo 13 de la Declaración; aquí no la reproducimos para que siga teniendo una sola fuente. Al núcleo se le puede añadir; debilitarlo, no.

Estas tres limitaciones hacen el instrumento menos potente. Es un intercambio consciente: una herramienta con la que no se puede golpear es mucho más difícil de arrebatar.

Después de la pregunta «quién les ha facultado a ustedes» llega siempre una segunda, no menos peligrosa: quién paga la medición.

La historia sabe cómo acaba la respuesta equivocada. Una agencia de calificación a la que paga aquel a quien evalúa pierde credibilidad con independencia de la honradez de sus empleados: los empleados pueden ser impecables y la disposición de las relaciones seguirá produciendo la calificación conveniente. Eso no lo destruye una mala intención, sino la dirección misma del flujo de dinero, y por eso también se cura solo con la disposición.

Por eso la regla no está escrita aquí, sino allí donde su cumplimiento es obligatorio: el artículo 8 bis de la Carta y el artículo 31 bis de la Tesorería. Abajo, lo mismo con la explicación de para qué sirve.

El instrumento se sostiene con la caja común del pueblo. No hay ni están previstos pagos periódicos por participar en las mediciones: a la persona se le cobra una sola vez la cuota de adhesión, que cubre el coste de la verificación de identidad y de la emisión del pasaporte, y una vez obtenido el pasaporte no hay pagos anuales ni mensuales. Las fuentes de la caja común, las partes de reparto y el procedimiento de gasto los establece el documento Tesorería de los Earthlings; qué hacer si la cuota queda fuera del alcance de una persona se describe allí mismo y en el documento El camino del earthling.

Fíjese en la consecuencia que sale de aquí por sí sola: no hay que pagar nunca por participar en una medición. El voto no está ligado a ningún pago, ni único ni repetido, y la persona cuya cuota ha abonado otra tiene exactamente el mismo voto que todas.

El pueblo no realiza nunca una medición pagada por un cliente. Ni de un Estado, ni de una empresa, ni de una fundación, ni de otra asociación. Ninguna pregunta por encargo, ninguna prioridad en la cola a cambio de dinero, ninguna formulación pagada. La propuesta «le pagamos una encuesta sobre nuestro tema» llegará sin falta, y la respuesta a ella es la misma con independencia de la cantidad y de lo simpático que resulte el tema.

No se acepta financiación finalista de las mediciones mismas. Incluso una donación sin condiciones recibida para una pregunta concreta crea la misma distorsión: la pregunta siguiente se elige mirando de reojo a quien dio dinero para la anterior. Las donaciones que recibe el pueblo van a la caja común y no se vinculan a ninguna medición concreta.

Los gastos en mediciones se publican en línea aparte. Cuánto costó la verificación de identidad, cuánto el trabajo de los paneles, cuánto la infraestructura, dentro de la rendición de cuentas general de la caja común, accesible para la auditoría pública.

De ahí una consecuencia desagradable pero honrada: habrá tantas mediciones como el pueblo sea capaz de pagar por sí mismo. Eso nos limita en número y en velocidad. Aceptamos esa limitación a conciencia: un instrumento que puede permitirse diez mediciones al año con medios propios vale más que un instrumento que hace cien con medios ajenos.

Y la salvedad sobre lo que no garantizamos. Los fondos de la caja común también son dinero, y una mayoría dentro del pueblo también puede querer una pregunta cómoda. Frente a la presión interna el origen del dinero no protege en absoluto: de ella protegen el procedimiento de formación de la pregunta de la sección 8 y la prohibición de medir lo que enumera la sección 11. La separación del dinero respecto de la pregunta suprime la presión externa, no la interna, y lo decimos claramente para que la regla no parezca más fuerte de lo que es.

El peso no se otorga ni se proclama. Se gana, y se gana por escalones. Abajo está cada escalón con su mecanismo, su condición y la indicación de si depende de una voluntad ajena.

Escalón 1. La primera medición imposible de impugnar

Una pregunta planteada al pueblo, contada y publicada junto con el rastro completo conforme a la sección 10.

Qué hace falta: un instrumento que funcione y participantes que respondan. De quién depende: solo de nosotros. Qué da esto: aparece un artefacto de un tipo nuevo. No «la encuesta arrojó», sino «tal número de personas verificadas y únicas respondió esto, y así es como se verifica».

Escalón 2. La cita por terceros

Un artículo académico, el informe de una organización de derechos humanos o un trabajo periodístico invocan la medición, porque no existe otra fuente de esa clase.

Qué hace falta: que la medición trate una cuestión que le haga falta a alguien y que la metodología aguante una mirada profesional. De quién depende: de nosotros a medias. Obligar a citar no se puede; dar fundamento, sí. Qué da esto: la cifra empieza a vivir sin nosotros. Es el primer acontecimiento verdadero de discernibilidad jurídica y social.

Escalón 3. El oponente usa el mismo instrumento

El umbral decisivo, y no va del tamaño.

Mientras el instrumento lo use una sola parte de la disputa, sigue siendo su arma y se lo rechaza junto con esa parte. El día en que la parte contraria invoque nuestra medición porque sostiene su propio argumento, el instrumento deja de ser nuestro y pasa a ser común. Desde ese momento no se lo puede rechazar sin rechazar el argumento propio.

Qué hace falta: una neutralidad impecable de las preguntas y la disposición a publicar resultados que a nosotros mismos nos incomodan. De quién depende: ante todo de nuestra disciplina. Qué da esto: el paso de «se nos puede pasar por alto» a «no se nos puede pasar por alto».

Escalón 4. La petición en lugar de la presentación

La diferencia entre «hemos remitido unos materiales» y «se nos ha pedido la posición» es la discernibilidad en estado puro. Un comité, una ciudad, una agencia o una comisión le piden al pueblo que mida una cuestión.

Qué hace falta: varios años de presencia y la reputación de una parte que habla al asunto. De quién depende: de otros. Qué da esto: el canal deja de ser una presión sobre el poder y se convierte en un servicio que se le presta. Esa posición es más sólida que la de oposición: un servicio no se suprime, uno se acostumbra a él.

Escalón 5. La crónica de las no respuestas

Un registro público: la pregunta se planteó tal día, el destinatario fue tal, la respuesta se recibió o no se recibió, y el contenido de la respuesta.

Es una herramienta barata e infravalorada. Ignorar, por sí solo, no cuesta nada, porque no es un acontecimiento. Ignorar cuando queda anotado con fecha en una lista de acceso público que crece año tras año ya cuesta, porque a esa lista la invocan otros y porque el silencio deja de ser una ausencia y pasa a ser un hecho.

Qué hace falta: solo la disciplina de llevar el asiento, incluido el deber de anotar también las respuestas que nos incomodan. De quién depende: solo de nosotros.

Escalón 6. El encaje en un procedimiento ajeno

Un regulador admite comentarios de unicidad acreditada en el trámite de información pública. Una ciudad toma nuestro registro como base para el sorteo de una asamblea ciudadana. Un órgano internacional incluye la medición en su procedimiento de consultas.

Qué hace falta: los escalones 1 a 4 ya subidos y una fiabilidad técnica acreditada por una auditoría independiente. De quién depende: de otros por completo. Qué da esto: ignorar deja de ser políticamente incómodo y pasa a ser procedimentalmente imposible: al infringir su propio reglamento, el órgano pone en riesgo su propia decisión. Es la forma de influencia más sólida de cuantas existen, y no exige ni un gramo de poder.

Escalón 7. La norma

La consulta pasa a ser primero esperada y después debida.

Que esto no es una fantasía lo muestra la historia del deber de consultar a los pueblos indígenas: de la ausencia total al artículo del Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007, en una sola generación. Aquello no empezó con una norma ni con un reconocimiento, sino con la insistencia y con los casos acumulados.

De quién depende: de otros por completo, y en un horizonte que no controlamos.

Sume los escalones y verá lo principal:

Los escalones 1, 3 y 5 dependen solo de nosotros. La primera medición, la neutralidad del instrumento y la crónica de las no respuestas no exigen el permiso de nadie y son alcanzables con un número de participantes relativamente pequeño. Eso es lo que podemos prometer, porque lo hacemos nosotros.

El escalón 2 depende de nosotros a medias.

Los escalones 4, 6 y 7 dependen de otros. Esos no los prometemos ni los vamos a prometer.

De ahí una formulación que tenemos por honrada:

La sección existe para que la persona que se adhiere no se construya expectativas que no vamos a satisfacer.

No es poder. El pueblo Earthlings no toma decisiones en lugar de los Estados ni ejerce poder público. Sus decisiones obligan solo dentro de él mismo y solo a quienes forman parte de él.

No sustituye a la nacionalidad, ni a las elecciones, ni a las leyes. El participante sigue siendo ciudadano de su país, vota en sus elecciones, cumple sus leyes y paga sus impuestos. El pueblo no exige ni puede exigir otra cosa: la pertenencia se añade, no sustituye; artículo 8 de la Declaración.

No es un partido ni una participación en la lucha interna. El pueblo no presenta candidatos, no los apoya y no los financia. Sea cual sea su tamaño. Esta limitación no es táctica, sino constitutiva, y no se puede levantar por votación.

Aquí conviene decir lo que no es obvio: esta limitación no es una debilidad, sino una condición de existencia. Una comunidad transnacional de decenas de millones de personas que se inmiscuyera en la política interna de los países quedaría prohibida el primer año, y prohibida con razón. A una comunidad que suministra una herramienta que usan por igual las dos partes de la disputa es difícil llamarla injerencia.

No es coacción. El pueblo habla, pero no coacciona: la violencia queda excluida sin excepciones. Del resultado de una medición no se siguen sanciones, boicots ni castigos proclamados en nombre del pueblo. Qué hacer con lo que sabe lo decide cada persona por sí misma.

No suprime los derechos de nadie. La existencia del pueblo no reduce los derechos de quienes no se han adherido a él, y no pretende ni territorio, ni poder, ni el derecho de hablar por toda la humanidad. El pueblo habla en nombre de quienes hicieron esa elección, y exactamente en esa medida.

Y lo más importante para la sobriedad. Ni siquiera el pleno reconocimiento del pueblo como sujeto de derecho internacional le daría la posibilidad de cambiar la ley de país alguno. Ningún sujeto de derecho internacional dispone de esa posibilidad respecto de otro. La personalidad jurídica internacional da el derecho a hablar allí donde hablan los sujetos, es decir, un sitio en la mesa, y no poder sobre un parlamento ajeno. Quien promete otra cosa promete lo imposible.

Hoy, con decenas de miles de participantes, la persona recibe poco, y no lo vamos a exagerar: un «soy una persona viva, soy una sola y esto lo puede verificar cualquiera» acreditable, un voto igual en todas las decisiones del pueblo y la posibilidad de participar en las primeras mediciones, es decir, de estar entre quienes crean el precedente y no entre quienes lo aprovechan.

Digamos aparte a quién le hace más falta esto ya ahora. No al habitante acomodado de un país con instituciones que funcionan: él ya tiene todo eso.

Según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de 2025 había en el mundo unos 118 millones de personas desplazadas por la fuerza, y unos 4,5 millones de apátridas registradas; su número real es mayor, porque a las no registradas no las cuenta nadie. Esa cifra cambia cada año, y la damos con su fecha para que el lector vea hasta qué punto es reciente.

Para esas personas, un «existo, soy una sola y esto se verifica fuera del Estado que no me reconoce» acreditable no es una abstracción, sino aquello que no tienen.

Con el crecimiento, cuando los participantes son millones, aparece aquello que exige número: mediciones que no se pueden achacar a la marginalidad; una economía en la que se puede trabajar y cobrar con independencia del acceso a los servicios bancarios; la resolución de controversias por un procedimiento que no depende de la jurisdicción; una ayuda que no cruza fronteras porque ya está a ambos lados.

Con la escala, cuando los participantes son decenas y centenares de millones, se hace posible aquello que hoy no puede nadie: la posición contada de las personas verificadas del planeta sobre una cuestión que atañe a todos. No una muestra con margen de error, ni una votación en la que una persona puede emitir mil votos, sino un hecho establecido y verificable.

Un artefacto así, que sepamos, no existe ni en los Estados, ni en las organizaciones internacionales, ni en las empresas demoscópicas. Es imposible sin la verificación de la unicidad e imposible sin número. Y es muy probable que sea él, y no un reconocimiento cualquiera, el primero que obligue a contar con el pueblo: se empieza a contar no con quien tiene estatuto, sino con quien tiene aquello que no tiene nadie más.

En la parte I se dijo que la parte perjudicada - quienes todavía no votan y quienes todavía no han nacido - no tiene representación. Por lo común la conversación termina ahí: nombrar el daño es fácil, y no hay con qué repararlo.

Aquí sí lo hay, y no por nuestra buena intención, sino por la construcción del texto. El artículo 9 de la Declaración dice: «Ninguna decisión del pueblo Earthlings traslada sus consecuencias a quienes no tuvieron posibilidad de participar en su adopción, incluidas las generaciones futuras». El artículo 9 forma parte del núcleo intangible (artículo 13), y los principios del núcleo no se someten a votación en absoluto: no son cuestiones sujetas a un umbral reforzado, son cuestiones que no se plantean. Una decisión contraria al núcleo es nula de pleno derecho desde su adopción y no la convalidan ni el tiempo ni la ejecución.

De esta norma puede crecer un procedimiento permanente: la evaluación de cada decisión de peso por su efecto sobre quienes vengan después, con un dictamen publicado y el derecho de cualquier participante a exigirla. Tal procedimiento no existe hoy en ningún Estado ni en ninguna organización internacional. Tampoco lo tenemos aún nosotros: tenemos la norma de la que se sigue, y son cosas distintas (sección 21).

Y hay que decir una cosa más, o el cuadro saldrá más bonito que la verdad. Detrás de esa prohibición no hay tribunal. El pueblo Earthlings no tiene tribunal constitucional, y no lo fingimos; no hay quien fuerce el cumplimiento. La fuerza de la norma está en otra parte: el incumplimiento es visible para todos, no lo convalidan ni el tiempo ni la ejecución, y ante cualquier duda las disposiciones del núcleo se interpretan a favor de la persona. Esa protección es más débil que la judicial en coacción y más fuerte en verificabilidad.

Aun así, la posición sigue siendo singular. Si el pueblo llega a tener voz en algún foro externo, será la única parte en la mesa cuya regla constitutiva le prohíbe expresamente ganar a costa de las generaciones siguientes. No porque seamos más bondadosos que los demás, sino porque nos lo prohíbe el mismo texto que nos constituye.

Estamos obligados a decirle una cosa con claridad a quien se adhiere, porque es lo que hace honrado el cuadro.

El valor de todo lo descrito no es lineal respecto del número de participantes. Con decenas de miles, el instrumento es un experimento curioso. Con decenas de millones, es una infraestructura por la que no se puede pasar de largo. La diferencia la crean quienes llegaron entre medias, y su aportación vale incomparablemente más que la de quienes se sumen cuando todo funcione ya.

De esto se sigue también lo contrario, y también hay que decirlo: el participante temprano asume el riesgo de que no salga. Paga la cuota, dedica tiempo a la verificación de identidad y participa en votaciones cuyo resultado puede no interesarle a nadie. No sabemos cómo acabará, y en la sección 20 está enumerado por qué puede no salir.

Lo único que podemos oponer a ese riesgo es su tamaño. La adhesión es reversible cualquier día y sin explicar los motivos. No exige renunciar a la nacionalidad, al país, a la lengua, a la fe ni a nada más. No obliga a ningún acto contrario a la ley del propio país. Si no sale, se habrá perdido poco. Si sale, el participante estará entre quienes lo hicieron.

Hasta aquí se ha hablado del instrumento. Ahora, de dónde sale el pueblo en esta construcción y por qué en ella no es un adorno.

El pueblo no se le añade al instrumento desde fuera. Sale de dentro si los requisitos del instrumento se cumplen honradamente hasta el final. Lo más sencillo es mostrarlo con una deducción por pasos.

Qué no exige este camino

Conviene empezar por aquello para lo que el pueblo no hace ninguna falta; de otro modo la deducción parecerá amañada.

La mayor parte del instrumento se construye, en efecto, sin pueblo alguno.

La verificación de la unicidad de una persona sin revelar su identidad no exige un pueblo: esos sistemas existen y funcionan. La votación verificable por firmas de monederos no exige un pueblo. La base para el sorteo es un problema estadístico corriente. Los paneles deliberativos los organizan los Estados, las universidades y las organizaciones sin ánimo de lucro, y desde hace mucho y bien.

Más aún: una fundación construiría un instrumento así más deprisa, más barato y con menos resistencia. No tendría que responder a la pregunta por el estatuto del pueblo, ni atarse las manos con la prohibición de tomar posiciones, ni explicarles a los Estados que no pretende su soberanía. Y crecería más deprisa, porque «regístrese en el servicio» es una propuesta mucho más ligera que «adhiérase a un pueblo».

Luego la pregunta hay que plantearla con más precisión. No «qué sería más difícil sin el pueblo», sino qué sería imposible.

Seis pasos

Paso primero. Hace falta una medición cuyo recuento verifique el oponente. De ahí: unicidad verificable del participante y registro abierto.

El pueblo todavía no hace falta. Esto lo puede hacer una empresa.

Paso segundo. Toda medición es una fracción. En el numerador, quién respondió; en el denominador, quién podía responder. Sin un denominador determinado la cifra no significa nada.

En un servicio el denominador son los «usuarios registrados». No es una magnitud natural: la fija dónde se anunció el servicio, dónde está disponible, a quién dejó entrar y a quién no. «El sesenta por ciento de nuestros usuarios opina así» es un hecho sobre el marketing, no sobre el mundo. Y lo principal: el operador puede mover el denominador, captando a unos y no captando a otros. No es un defecto de ejecución: es la naturaleza de una base de usuarios.

De ahí: hace falta la condición de miembro, una frontera que traza el acto de la persona y no el acto del operador.

El pueblo todavía no hace falta. La condición de miembro la tiene también una asociación.

Paso tercero. El operador no debe tener la posibilidad de influir en el resultado. Es decir, no puede incorporar a una persona a la composición, ni excluirla de ella, ni cambiar las reglas sobre la marcha, ni cambiar la pregunta, ni dejar de publicar una respuesta incómoda.

Pero eso significa exactamente que los participantes tienen derechos frente al operador. Y los derechos frente al operador existen solo cuando hay un documento que el operador no puede reescribir.

De ahí: hace falta un texto constitutivo, y no unas condiciones de uso.

Una asociación ya no basta: sus estatutos los cambia su propia dirección.

Paso cuarto. El instrumento debe sobrevivir a su dueño y no ser comprable. Lo que se puede comprar se compra tarde o temprano, y el comprador hereda el derecho a medir. Las instituciones cuyo capital es la confianza rara vez sobreviven a un cambio de propietario conservando esa confianza.

De ahí: el instrumento no debe tener dueño. Es decir, deben poseerlo los participantes. Es decir, es autogobierno.

Paso quinto. El instrumento debe servir por igual a todas las partes y no ser un actor nacional; de otro modo lo usa una sola parte y se convierte en un arma.

De ahí: no puede pertenecer a una sola jurisdicción ni puede estar sometido a ningún Estado.

Paso sexto. Y el último, el decisivo. Al publicar el resultado, el instrumento dice una de dos cosas:

Lo primero son datos. Lo segundo es voluntad. A lo que hay obligación de responder es a lo segundo.

Ahora sume los pasos. Una formación que tiene una composición voluntaria y verificable, un texto constitutivo inaccesible a sus propios operadores, autogobierno en lugar de dueño, no pertenencia a ningún Estado y la capacidad de decir «nosotros», proponemos considerarla un pueblo.

Es nuestra posición, no un criterio jurídico comúnmente aceptado. El derecho internacional no establece que la combinación de esos rasgos forme un pueblo, y no hacemos pasar nuestro propio razonamiento por una norma.

Afirmamos solo lo que se ve de la deducción misma: estos cinco rasgos no salen del deseo de llamarse pueblo, sino de los requisitos del instrumento. Fuimos desde lo que debe funcionar hasta lo que tiene nombre, y no al revés. Una categoría se define a la propia medida empezando por el nombre; aquí el orden es el inverso, y se ve en los pasos que están arriba.

El pueblo no es una decisión tomada antes del instrumento. Es aquello con lo que topa el instrumento si se lo construye correctamente.

Y por qué no un movimiento social

La misma conclusión se ve más breve en la comparación con la forma conocida más cercana.

Se habla aquí del movimiento social. Los movimientos de liberación nacional son otra categoría jurídica: su posición se formó en la descolonización, y se los reconocía precisamente como quienes actúan en nombre de pueblos que ejercen la libre determinación. Las tres filas de arriba no dependen de cómo acabe la cuarta.

Cinco razones, cada una de un género distinto

La deducción de arriba es un solo argumento. Abajo hay cinco independientes: si la deducción es errónea, ellas siguen en pie igualmente.

Primera. La voluntad no se puede medir: solo se puede producir.

Un termómetro es exacto con independencia de quién lo sostenga, porque la temperatura existe por sí sola. Con la voluntad es distinto: no existe «lo que quiere la humanidad» esperando en algún sitio a que lo midan. Solo existe lo que una comunidad determinada, por un procedimiento conocido y tras deliberar, ha decidido. Precisamente por eso las elecciones no descubren la voluntad de los votantes, sino que la crean: antes del recuento no está en ninguna parte; después del recuento está.

De ahí: el procedimiento que produce voluntad exige a alguien de quien esa voluntad sea. Una empresa demoscópica puede estimar la distribución de las opiniones, y nadie se lo prohíbe. Producir voluntad no puede, porque no hay titular.

La opinión se puede medir sin pueblo. La voluntad sin pueblo no se puede producir. Y a la opinión se la ignora; a la voluntad se le responde.

Segunda. La pregunta «quién les ha facultado a ustedes para preguntar».

Sonará el primer día, en cuanto la medición empiece a significar algo. Mire las respuestas disponibles. El Estado responde: la ley. Una empresa responde: nadie, y no pretende significar nada. Una fundación responde: su patronato, y la pregunta siguiente, «y quién eligió al patronato», termina la conversación. El pueblo responde: sus participantes, por un procedimiento que cualquiera puede verificar.

Solo dos respuestas aguantan la segunda pregunta. Una fundación que construya un instrumento así queda para siempre expuesta a la réplica «ustedes son un grupo privado de personas no elegidas que decide qué preguntarle a la humanidad». Para una fundación esa réplica no tiene respuesta. Para un pueblo la tiene por entero, y la respuesta se verifica.

Tercera. El núcleo intangible no es solo ética: es la protección del instrumento frente a su captura.

Los cinco principios del núcleo se leen como valores. Mírelos como un pliego de requisitos técnicos.

«El voto no se puede comprar, vender, acumular ni ceder de forma irrevocable» es el requisito de que el resultado de la medición no se pueda adquirir. «El patrimonio está separado del voto», de que el peso en la medición no se compre con dinero. «El poder no se acumula, un encargo no se convierte en cargo», de que el instrumento no lo capturen desde dentro quienes lo atienden. «La salida es libre, la expulsión no existe», de que el denominador no se pueda limpiar de los incómodos. «El pueblo habla, pero no coacciona», de que el instrumento no se pueda convertir en arma y, por tanto, de que lo usen las dos partes.

Ahora pregunte: ¿qué protege de la captura a un instrumento que pertenece a una fundación? La buena fe del patronato. No se hereda, no se verifica desde fuera y no sobrevive a un cambio de composición.

El núcleo es la única construcción que conocemos en la que el ataque de «comprar» carece de objeto: no hay nada que comprar, porque el voto es inalienable. Pero para que existan principios así hace falta un documento situado por encima de la dirección, es decir, otra vez el mismo paso tercero.

Y aquí hay una comprobación viva de todo el razonamiento, y es más honrado nombrarla por su nombre que rodearla con una alusión.

El mayor proyecto de verificación de la unicidad de una persona construido sin un pueblo es World, antes Worldcoin, creado por la empresa Tools for Humanity. Está hecho como un producto: verificación de la unicidad por el iris del ojo, token propio, recompensa por pasar la comprobación. Técnicamente la tarea está resuelta, y resuelta en serio: no es un apaño de aficionados.

Después empieza aquello por lo que traemos este caso. Los reguladores no vieron una institución ciudadana, sino una recogida comercial de biometría, y en tres jurisdicciones eso ha quedado plasmado en resoluciones que se pueden leer.

• España. La Agencia Española de Protección de Datos ordenó el 6 de marzo de 2024, como medida cautelar, que la empresa Tools for Humanity cesara la recogida y el tratamiento de datos personales en el país y bloqueara los ya recogidos. La empresa recurrió la medida y la Audiencia Nacional la mantuvo.
• Brasil. La Autoridad Nacional de Protección de Datos prohibió en enero de 2025 ofrecer criptomoneda o cualquier otra recompensa a cambio de la recogida de biometría, y por resolución de su Consejo Director de 25 de marzo de 2025 desestimó el recurso y mantuvo la multa de 50.000 reales por cada día de tratamiento reanudado. El fundamento fue precisamente el pago: un consentimiento comprado con dinero la ley brasileña no lo reconoce como consentimiento.
• Kenia. El Tribunal Superior, por sentencia de 5 de mayo de 2025, apreció la infracción de la ley de protección de datos de 2019 - no se había hecho la evaluación de impacto obligatoria - y ordenó suprimir de forma irreversible todos los datos biométricos de personas kenianas en el plazo de siete días.

Y ningún órgano de ningún país considera ese registro una fuente de mediciones socialmente relevantes.

Allí el instrumento funciona. Sus lecturas no tienen peso.

No consideramos que ese proyecto sea de mala fe y no discutimos su parte técnica; mucho de ella está hecho mejor que lo nuestro. Señalamos otra cosa: el mismo instrumento, construido sin un pueblo, ha recibido exactamente la suerte que predicen los pasos tercero y cuarto. Tiene dueño, y eso significa que se lo puede comprar. No tiene composición, sino usuarios, y eso significa que el denominador lo fija la empresa. Y a la pregunta «quién les ha facultado a ustedes para preguntar» no tiene con qué responder.

Cuarta. Quién responderá a la cuadragésima pregunta.

El instrumento necesita respuestas con regularidad y durante años. Pregúntese qué hará que una persona responda a la cuadragésima pregunta en el duodécimo año si las treinta y nueve anteriores no cambiaron nada visible.

¿El beneficio? El rendimiento de una sola respuesta ronda el cero: es el mismo Olson de la sección 2, solo que ahora golpea el funcionamiento del propio instrumento. ¿El dinero? Una respuesta pagada devalúa la medición, y pagar a centenares de millones eternamente no se puede. ¿La coacción? La excluye el núcleo, y bien excluida está.

Queda la pertenencia. Las personas acuden a las elecciones aunque un solo voto casi nunca decide nada y participar sea individualmente irracional. Acuden porque es algo suyo y porque no acudir significa quedarse fuera del «nosotros».

Una base de usuarios no produce eso. Un pueblo sí. Un instrumento que funciona con participación voluntaria durante décadas no exige motivación, sino pertenencia, y esa razón es de ingeniería, no poética. Cómo se relaciona esto con la elección de las preguntas está dicho en la sección 8.

Quinta, jurídica. Los escalones superiores de la escalera del peso - el encaje en un procedimiento ajeno y la conversión de la práctica en norma - están al alcance de quien es alguien, y no de lo que es algo. El instrumento de una empresa se cita, en el mejor de los casos, como fuente; parte no será jamás, porque partes en el derecho internacional lo son los sujetos, y el derecho de libre determinación está reconocido a los pueblos. La salvedad la repetimos aquí mismo y no una página más adelante: si ese derecho se aplica a un pueblo no territorial constituido voluntariamente no lo establece el derecho internacional, y nosotros no lo afirmamos. Pero una fundación no tiene ninguna posibilidad, y para un pueblo no está cerrada.

Cuánto cuesta el pueblo

Ya que somos honrados, nombremos también el precio. No es pequeño.

El crecimiento es más lento: adherirse a un pueblo es más difícil que registrarse. La propuesta es más difícil de explicar. Una cuestión jurídica abierta que el oponente aprovecha. El recelo de los Estados, que una fundación no tendría. Y unas limitaciones voluntarias - ninguna posición sobre política interna, ninguna coacción - que una fundación no asumiría.

Todo eso se paga por los cinco rasgos de arriba. El intercambio es consciente y puede resultar desventajoso.

Cómo comprobar que nos equivocamos

En la línea del resto del documento, nombremos la condición de nuestro propio error. Si dentro de diez años una encuesta verificable de alguna fundación o empresa la citan con regularidad los órganos de tratados y los Estados, y nadie pregunta entretanto «quién les ha facultado a ustedes», entonces el pueblo sobraba y nosotros elegimos el camino caro donde servía el barato.

Y la pregunta inversa

Conviene plantearla también. ¿Para qué le hace falta al pueblo el instrumento?

Un pueblo sin instrumento es una declaración de intenciones que no tiene modo de expresar la voluntad común. Es decir, exactamente aquello de lo que nos quejamos nosotros: el derecho está reconocido, el procedimiento no existe, y un derecho reconocido que nadie puede hacer valer sigue siendo una norma sin aplicación. Un pueblo sin procedimiento repetiría la queja en vez de suprimirla.

Un instrumento sin pueblo son datos que nadie puede presentar en nombre de nadie.

No son dos cosas de las que se pueda descartar una. Son dos mitades de una sola. La verificabilidad sin reconocimiento mutuo da estadística. El reconocimiento mutuo sin verificabilidad da una petición. Juntos dan aquello que hasta ahora no existía.

Puede parecer que sin facultades no se puede influir. Es falso, y lo desmiente la práctica. Abajo hay seis casos: cinco logrados y uno instructivamente fallido. Los traemos no como prueba de que tenemos razón, sino como fuente de requisitos para nosotros mismos.

La sección no está para equilibrar. Cada uno de los desenlaces enumerados es posible, algunos son más probables que los buenos, y de cada uno se dice qué hacemos y qué no garantizamos.

1. El partidismo

Qué ocurre. El pueblo - o una parte notable de él, o su dirección - se pone públicamente de uno de los lados de la fractura política interna de alguien. Desde ese día el instrumento es, para media sociedad, el arma del adversario, y sus lecturas se rechazan junto con él.

Por qué es mortal. Una herramienta de ese tipo no se puede restablecer: el ejemplo de Doing Business muestra que la confianza se pierde entera y de una sola vez.

Qué se hace. La prohibición de tomar posición sobre la política interna de los Estados está en la Declaración y no en un reglamento. El pueblo no tiene opinión sobre partidos, candidatos ni elecciones en ninguna parte y nunca.

Qué no garantizamos. No podemos impedir que los participantes se pronuncien en su propio nombre, y no debemos hacerlo. El riesgo de que se le atribuyan al pueblo pronunciamientos ajenos se mantiene.

2. La pregunta hecha a la medida de la respuesta

Qué ocurre. La formulación de una pregunta resulta capciosa, por dolo o por descuido. Y se descubre.

Por qué es grave. No se devalúa una medición, sino el método: quedan bajo sospecha todas las pasadas y todas las futuras.

Qué se hace. La separación de quienes formulan respecto de quienes gestionan; la publicación anticipada de la pregunta; la fase contradictoria con publicación de las objeciones; la prohibición de corregir después de iniciada la votación.

Qué no garantizamos. Que el procedimiento aguante la presión si la respuesta le resulta muy importante a alguien muy fuerte.

3. La baja participación

La ponemos en tercer lugar, pero por importancia es la primera.

Qué ocurre. El pueblo tiene cien millones de participantes y en la medición participa el tres por ciento. El oponente recibe la respuesta perfecta, y esa respuesta es justa: «ustedes hablan por cien millones y han preguntado a tres de cada cien».

Por qué es lo más peligroso. Una medición con baja participación es peor que la ausencia de medición: no añade prueba, sino que socava lo que ya está acumulado.

Dónde se cura en realidad. No en los recordatorios ni en los llamamientos, sino en la pregunta. La persona responde cuando la pregunta atañe a su vida y cuando de la respuesta depende algo. De ahí los dos requisitos expuestos en la sección 8: la pregunta planetaria se plantea en el punto donde la consecuencia recae sobre la persona, y no allí donde las instituciones la negocian; y ningún período consta solo de preguntas planetarias, porque junto a ellas van siempre las preguntas de la vida interna del pueblo, cuya consecuencia llega enseguida y con certeza.

Digamos también lo contrario, porque es del mismo orden: si las preguntas dejan de atañer a la vida real, a los intereses y a las dificultades de las personas, el sentido de la votación desaparecerá por entero, y la baja participación será la respuesta acertada de los participantes y no su culpa.

Qué se hace además. La participación se publica siempre y en primer lugar, incluidos los casos en que es baja. No vamos a esconder la participación detrás de cifras absolutas.

Qué se sigue de esto para nosotros mismos. La participación es el principal indicador vital del proyecto, más importante que el número de participantes. Un pueblo de diez millones con una participación del cuarenta por ciento pesa incomparablemente más que un pueblo de cien millones con una participación del cuatro por ciento. Lo decimos de antemano para que después no se pueda sustituir un indicador por otro.

Qué no garantizamos. Que siempre se encuentre una pregunta apta. Los rasgos del artículo 7 son estrechos a propósito, y preguntas que sean a la vez planetarias y cercanas a la persona hay menos de las que quisiéramos. No vamos a ampliar los rasgos en aras de la participación: un pueblo que se puso a preguntar de todo para que lo escucharan mejor dejó de ser aquello para lo que se creó.

4. La superficialidad

Qué ocurre. Las mediciones se convierten en encuestas: millones de respuestas dadas en diez segundos, sin haber estudiado la cuestión.

Por qué es malo. Un resultado así no es en nada mejor que una encuesta corriente y no merece más confianza. Escala sin reflexión no es la voz de un pueblo, sino una suma de reacciones.

Qué se hace. Las dos capas de la sección 9: el panel estudia y formula, el pueblo vota sobre las opciones preparadas.

Qué no garantizamos. Que se consiga reunir los paneles, que las personas acepten dedicar semanas al estudio y que las opciones preparadas se lean.

5. El marco de la «injerencia extranjera»

Qué ocurre. A una comunidad transnacional de decenas de millones de personas se la declara herramienta de una influencia ajena. La participación en ella se limita por ley.

Por qué es probable. Es una reacción esperable, y tiene su lógica: una presencia transnacional organizada suscita siempre la pregunta de en interés de quién actúa.

Qué se hace. El pueblo no tiene posiciones sobre las cuestiones internas de los Estados, no financia la política de nadie y suministra una herramienta, no una opinión. Todo lo que el pueblo hace es público y en su propio nombre.

Qué no garantizamos. Nada. Esa decisión no la tomamos nosotros.

6. El registro se ve como amenaza y no como recurso

Qué ocurre. Una base verificada de millones de personas únicas se percibe como un problema de seguridad y no como un bien público. Existen precedentes de limitación de proyectos parecidos de verificación de la unicidad en algunas jurisdicciones.

Qué se hace. La biometría en bruto no se conserva, en el registro no se guardan datos identificativos y no hay recompensa por pasar la comprobación. La arquitectura responde a las objeciones conocidas de esa clase.

Qué no garantizamos. Que eso resulte suficiente.

7. La captura del instrumento desde dentro

Qué ocurre. La gestión del instrumento se concentra en quienes tienen interés en el resultado: la selección de las preguntas, los tiempos, la interpretación. Formalmente todo es honrado; de hecho, el instrumento sirve a un solo grupo.

Qué se hace. La separación de quienes formulan respecto de quienes gestionan, el sorteo en lugar del nombramiento, la revocabilidad de los encargos, la publicación de todo el rastro. La construcción del pueblo se resiste a esto más de lo habitual: el núcleo queda fuera de votación, un encargo no se convierte en cargo, y marcharse se puede siempre.

Qué no garantizamos. Que esté protegido de forma absoluta. No lo está.

8. El éxito que corrompe

Qué ocurre. El instrumento se vuelve influyente. La influencia empieza a parecer demasiado valiosa para arriesgarla en aras de la neutralidad. Aparece la tentación de no publicar una vez un resultado incómodo, de no preguntar una vez por aquello que dividiría la composición, de retocar una vez la formulación.

Por qué conviene dejarlo escrito de antemano. Porque esto no les pasa a las personas malas, sino a quienes valoran lo conseguido, y se reconoce siempre a posteriori.

Qué se hace. El deber de publicar el resultado con independencia de su contenido y el rastro completo de cada medición. La señal de la desgracia se ve desde fuera: las mediciones dejan de traer respuestas incómodas.

9. Nadie preguntará

Qué ocurre. El instrumento está construido, funciona de manera impecable, publica una medición tras otra, y nadie las usa. Ni citas, ni peticiones, ni encaje. Los escalones 2, 4 y 6 no llegan nunca.

Por qué es el más probable de los malos desenlaces. No exige la hostilidad de nadie. Basta con la indiferencia.

Qué se hace. La crónica de las no respuestas es la única respuesta a la indiferencia que tenemos: convierte el silencio en un hecho anotado. Funciona despacio y es posible que no llegue a funcionar.

Qué no garantizamos. Nada. Obligar a usarla no se puede.

Afirmamos que Earthlings es verificable, y esa afirmación solo tiene sentido cuando se indica con precisión qué está ya construido y qué es todavía la descripción de un propósito.

Construido y en funcionamiento:

• la verificación de identidad y la emisión de un pasaporte intransmisible;
• el registro de pasaportes en la cadena de bloques, legible directamente desde el contrato inteligente abierto;
• el canal público de votaciones, donde cada voto está firmado con el monedero de quien vota;
• una caja en cadena cuyas transacciones son todas accesibles para la auditoría pública.

No construido:

• no se han realizado mediciones de fondo. El canal de votación está desplegado y funciona técnicamente, pero votaciones de fondo todavía no ha habido en él;
• no existe un procedimiento detallado de formación de la pregunta. Los requisitos sin los cuales la medición no se produce están establecidos en el artículo 8 bis de la Carta; el procedimiento en detalle queda encomendado a una decisión de la Asamblea y no está adoptado;
• no existen paneles por sorteo. El esquema de dos capas de la sección 9 es un propósito, no una realización, y no está establecido como regla obligatoria en ningún sitio;
• no existe la crónica de las no respuestas. No está abierta;
• no se ha realizado una auditoría de seguridad independiente.

La lista completa de lo que se ha declarado como principio pero todavía no está hecho - incluidas la verificación inconclusa del contrato, los derechos de propietario sin separar y la falta de multisig en el monedero de la caja común - está en el documento Dónde estamos ahora. Preferimos nombrar esos puntos nosotros mismos y no dejarlos como hallazgo para quien nos revise.

Para que lo aquí descrito se pueda verificar y no haya que aceptarlo por fe, nombramos los indicadores por los que se nos debe juzgar. La obligación de publicar la participación sobre quienes tenían derecho a voto está establecida en el artículo 8 bis de la Carta; los demás indicadores el presente documento no los establece ni puede establecerlos - los propone como una medida que él mismo se aplica. Ninguno de ellos es publicitario, y en varios de ellos vamos a quedar mal a ciencia cierta en los primeros años.

Aquí no hay plazos. En ningún escalón está escrito «dentro de tres años», porque sería una invención: la velocidad la fijan el número de participantes, la práctica acumulada y las decisiones ajenas, y no nuestro plan.

Aquí no hay probabilidades. No sabemos cuál de los escalones se alcanzará ni si se alcanzará alguno.

Aquí no hay promesa de resultado. Aquello a lo que el pueblo está vinculado y aquello a lo que no lo está lo establece el artículo 7 de la Declaración, y aquí no lo reproducimos, para que la norma conserve una sola fuente. En breve: el reconocimiento no está en su poder, y la existencia del pueblo no depende del reconocimiento.

Y aquí no hay ni una sola afirmación de la que dependa algo hoy. La infraestructura está construida, el período constituyente está en marcha, la Declaración se somete a votación. Si no se sube ninguno de los escalones aquí descritos, eso no anulará nada de lo ya hecho ni dejará sin sentido nada de aquello por lo que las personas se eligieron unas a otras.

Las normas en que se apoya el documento:

• Carta de las Naciones Unidas, preámbulo y artículo 1, párrafo 2 - texto
• Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 20, 21 y 28 - texto
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1, 22 y 25 - texto
• Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, artículo 6 - texto
• Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007 - texto

Los hechos citados en el texto:

• Investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York sobre los comentarios falsos en el trámite de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, 6 de mayo de 2021 - informe. De ahí están tomadas todas las cifras: más de 22 millones de comentarios, casi 18 millones falsos, 8,5 millones por 4,2 millones de dólares de la asociación sectorial, 7,7 millones de una sola persona
• Cese de la publicación de la clasificación Doing Business por el Banco Mundial, septiembre de 2021 - comunicado
• Procedimiento de preparación y aprobación de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático - procedimientos del IPCC
• Principios de trabajo del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, incluida la fórmula «consenso aproximado y código que funciona» - RFC 7282
• La Asamblea Ciudadana de Irlanda de 2016-2018 y la Convención Constitucional de 2012-2014 - materiales de la asamblea. Fechas y resultados de los referendos: 22 de mayo de 2015 (matrimonio entre personas del mismo sexo), 25 de mayo de 2018 (trigésima sexta enmienda, por la que se derogó la octava, 66,4 por ciento con una participación del 64,1)
• Datos sobre personas desplazadas por la fuerza y apátridas a finales de 2025 - estadísticas del ACNUR
• Medida cautelar de la Agencia Española de Protección de Datos respecto de Tools for Humanity, 6 de marzo de 2024 - nota de la AEPD
• Resolución de la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Brasil PR/ANPD núm. 18/2025, de 25 de marzo de 2025, por la que se desestima el recurso y se mantiene la prohibición - sitio de la ANPD
• Sentencia del Tribunal Superior de Kenia de 5 de mayo de 2025 en el asunto sobre la actividad de Worldcoin - análisis del Centro de Propiedad Intelectual y Derecho de las Tecnologías de la Información, Strathmore University
• Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International - metodología

La obra en que se apoya el análisis de la quinta avería:

• Mancur Olson. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, 1965.

Es una fuente doctrinal, no una norma. La traemos porque el mecanismo que describe es verificable y observable, y no porque la opinión de nadie obligue a nadie.

Los documentos del corpus a los que remite el presente:

• Declaración sobre la libre determinación - artículos 7, 8, 9, 10, 12 y 13
• Base jurídica
• DAO Earthlings
• Plataforma digital
• Pasaporte SBT
• Política de verificación biométrica
• El período constituyente
• Cómo nace un sujeto de derecho
• Dónde estamos ahora