Condición del presente anexo. Es un anexo del documento «Voz ciudadana». No establece nada y no crea deberes: aporta los casos, las cifras y las fuentes de las afirmaciones de ese documento. En caso de discrepancia se aplica «Voz ciudadana»; fuerza obligatoria la tienen la Declaración y la Carta.
Se suele decir que las personas no tienen manera de ser oídas. Es inexacto, y la inexactitud impide ver el problema verdadero. Hoy hay más maneras de hacer llegar una opinión hacia arriba que en ningún otro momento de la historia. Una petición se reúne en una tarde. Una carta a un diputado sale en un minuto. Las audiencias públicas están abiertas. En la mayoría de los países funciona un trámite de información pública sobre los proyectos de normas. Las redes sociales llevan cualquier cosa a cualquiera. Las empresas de sondeos miden el estado de ánimo cada semana. La manifestación sigue siendo lícita casi en todas partes.
Canales sobran. Lo que falta no es un canal. Lo que falta es la prueba.
Todo lo que pasa por esos canales choca con una misma pregunta, y esa pregunta es legítima:
- «Un millón de firmas»: ¿cuántas las han puesto personas vivas? ¿Cuántas personas firmaron dos veces? ¿Cuántas firmas se vendieron, se generaron o se pusieron en nombre ajeno?
- «La encuesta arrojó un 70 por ciento»: ¿a quién se preguntó, cuántos eran, cómo sonaba la pregunta literalmente, quién encargó y pagó la encuesta?
- «Han llegado dos millones de comentarios»: ¿de personas?
- «Salieron cien mil personas»: ¿quién las contó y en nombre de quién salieron, aparte del suyo propio?
Fíjese en cómo está hecha esa objeción. No discute el fondo. No dice «usted no tiene razón». Dice «no se sabe si usted existe». Y con eso basta para no responder sin perder la cara: el destinatario no ha rechazado la opinión de las personas, ha dudado de la prueba, y la duda parece prudencia y no desdén.
Por eso la voz ciudadana es ignorable. No porque el poder sea malvado, sino porque el recuento está roto, y está roto de verdad.
Un caso que conviene conocer entero
En 2017 la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos llevó a cabo el trámite obligatorio de información pública sobre la derogación de las reglas de neutralidad de la red. Ese trámite no es decorativo: está incorporado a la Ley de Procedimiento Administrativo estadounidense, y el organismo está obligado a examinar las objeciones recibidas. Llegaron más de veintidós millones de comentarios, una cantidad nunca vista, el triunfo de la participación ciudadana, cabría pensar.
La investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, publicada el 6 de mayo de 2021, acreditó que casi dieciocho millones de ellos eran falsos. Una parte considerable se presentó en nombre de personas reales sin que estas lo supieran, con sus nombres y sus direcciones verdaderos.
Falsificaban las dos partes de la disputa, y eso importa más que las cifras mismas. Una asociación sectorial de proveedores de comunicaciones gastó 4,2 millones de dólares y obtuvo más de 8,5 millones de comentarios falsos a favor de la derogación. Desde la parte contraria, una sola persona de diecinueve años presentó más de 7,7 millones de comentarios a favor de mantenerlas. Otro medio millón de cartas falsas fue además al Congreso.
Deténgase en esas dos cifras. La campaña sectorial costó millones de dólares, y una sola persona con una destreza corriente en programación hizo casi otro tanto gratis. Ese era entonces el precio de la falsificación. Desde entonces no ha hecho más que bajar.
El desenlace de esta historia es más grave de lo que parece a primera vista. No se devaluaron los dieciocho millones de comentarios falsos. Se devaluaron los veintidós millones enteros, incluidos los cuatro millones auténticos. Después de un caso así, cualquier organismo de cualquier país obtiene un fundamento legítimo para no creer en absoluto en las aportaciones públicas, y ese fundamento ya lo tiene para siempre.
Y va a ir a peor, por una razón que no depende de la mala voluntad de nadie. Fabricar texto humano verosímil en cualquier cantidad se ha vuelto barato y se abaratará aún más. Distinguir por el texto mismo lo escrito por una persona de lo escrito por una máquina será pronto imposible en principio. Lo único que seguirá siendo distinguible no es el texto, sino su origen: si detrás del pronunciamiento hay acreditada una persona viva, única y que se ha pronunciado por su propia voluntad.
Decir «la política se ha degradado» es fácil pero inútil: no se sabe qué reparar. Analicémoslo, pues, por separado. Las averías son cinco, de naturaleza distinta, y una sola herramienta no alcanza a todas.
Avería primera: la agregación
Las elecciones comprimen toda la variedad de las opiniones de una persona en una sola elección cada varios años.
Imagine a un votante que coincide con el partido A en sanidad, con el partido B en impuestos, con nadie en política exterior y que tiene una opinión tajante sobre una cuestión que no figura en ningún programa. ¿Qué puede expresar con su voto? Una de dos o tres combinaciones ya hechas, cada una de las cuales le sirve en un tercio.
La consecuencia es mayor de lo que parece. En este sistema la posición de la sociedad sobre una cuestión concreta no es que se mida mal: es que no tiene representación alguna. No hay de dónde sacarla. Los referendos son escasos, caros y en la mayoría de los países se convocan por decisión del poder y no por decisión de las personas.
Avería segunda: el horizonte
Las decisiones cuyas consecuencias llegarán dentro de treinta años las toman personas cuyo horizonte termina en las siguientes elecciones. No es un vicio del carácter, sino la disposición de los incentivos: el político que sacrifique el bienestar de hoy por un resultado que llega dentro de una generación no seguirá en el cargo cuando ese resultado llegue.
La parte perjudicada - quienes todavía no votan y quienes todavía no han nacido - no tiene representación en ningún sistema político del mundo. Su interés carece de titular por construcción.
Avería tercera: el territorio
Las mayores cuestiones de nuestro tiempo no tienen dirección nacional. El cambio climático, la tributación del beneficio transnacional, las reglas para la inteligencia artificial, la resistencia a las pandemias, la suerte del océano y de la atmósfera: ninguna de ellas se resuelve dentro de las fronteras de un solo país, y ningún parlamento del mundo tiene competencia bastante sobre ellas.
Los Estados lo saben e intentan coordinarse. La coordinación se atasca por una razón comprensible: cada gobierno responde ante sus propios votantes, y el beneficio de una decisión concertada les llega a todos, incluidos quienes no participaron. A nadie lo reeligen por un acuerdo internacional.
Avería cuarta: el desplome de la confianza en las aportaciones
Es de lo que se ha hablado arriba. Distinguir una aportación pública auténtica de una fabricada se ha vuelto imposible. Lo que se devalúa no es la falsificación: se devalúa el original, porque ahora no se distingue.
Avería quinta: la asimetría de la organización
Esta avería es la más profunda y la menos conocida, aunque está descrita desde hace mucho: la describió el economista Mancur Olson en su obra de 1965 «La lógica de la acción colectiva».
El fondo es el siguiente. Tomemos una decisión que le reporta a veinte empresas cien millones a cada una y que les cuesta a veinte millones de ciudadanos cien euros a cada uno. La ganancia total de las empresas son dos mil millones. La pérdida total de los ciudadanos son dos mil millones. Las fuerzas están igualadas, cabría pensar.
No lo están. A veinte empresas les resulta fácil organizarse: son pocas, cada una conoce a las demás, cada una tiene en juego cien millones y el gasto en defender ese interés se recupera cientos de veces. A veinte millones de ciudadanos les resulta imposible organizarse: no se conocen entre sí, cada uno tiene en juego cien euros, y dedicar a defender esos cien euros aunque sea una hora del propio tiempo no le compensa a ninguno por separado, aunque les compense a todos juntos.
Por eso el interés concentrado vence al disperso casi siempre, con independencia de quién tenga razón, de la honradez de los políticos y de la forma de gobierno. No es un defecto de la democracia, sino la matemática de la organización, y actúa igual bajo cualquier poder.
De aquí una conclusión importante: la mayoría dispersa pierde no porque sea poca ni porque le falte razón, sino porque reunirse le sale caro. Todo lo que abarata radicalmente esa reunión cambia el desenlace.
Es estructural, no una conspiración
Ninguna de las cinco averías la ha creado una mala intención.
La representación se inventó cuando no cabía otra cosa: millones de personas no podían físicamente deliberar sobre lo común ni tomar decisiones sin intermediarios, y no había modo de contar honradamente sus votos. Elegir a quienes decidirían por nosotros era la única salida, y sobre eso se construyó todo, desde el concejo local hasta la Organización de las Naciones Unidas.
Eso funcionó y logró mucho. Una cosa no hizo: no les dio a las personas un modo de expresar por sí mismas la voluntad común.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice en su artículo 21 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo 25 el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos. La Carta de las Naciones Unidas se abre con las palabras «Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas».
El derecho está reconocido. El procedimiento por el que ese derecho se ejercería de forma directa no existe. Un derecho reconocido que nadie puede hacer valer sigue siendo una norma sin aplicación.
No sostenemos que alguien tenga la culpa. Sostenemos que ha desaparecido la razón por la que no se podía. Súmense las dos cosas dichas más arriba: reunir se ha abaratado hasta cero y, a la vez, se ha devaluado, porque el recuento está roto. Reparar el recuento es devolverle sentido a esa manera barata de reunir, y es la única de las cinco averías que se puede reparar con una herramienta y no con política. Qué sale de ahí, y por qué para ello hizo falta constituir un pueblo y no construir un solo servicio, está en el documento Voz ciudadana.
- Investigación de la Fiscalía General del Estado de Nueva York sobre los comentarios falsos en el trámite de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, 6 de mayo de 2021 - informe. De ahí están tomadas todas las cifras: más de 22 millones de comentarios, casi 18 millones falsos, 8,5 millones por 4,2 millones de dólares de la asociación sectorial, 7,7 millones de una sola persona
- Mancur Olson. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Harvard University Press, 1965. Es una fuente doctrinal, no una norma: el mecanismo que describe es verificable y observable
- Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21 - texto
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 25 - texto
- Carta de las Naciones Unidas, preámbulo - texto
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