En el siglo V a. C., Atenas inventó algo genuinamente radical: un orden público en el que las decisiones no las tomaba un rey, ni un sacerdote, ni una élite hereditaria, sino una asamblea de ciudadanos votando directamente. Era la democracia directa. Cada ciudadano varón adulto tenía un voto, y las decisiones se tomaban en el ágora, cara a cara, en una deliberación que toda la asamblea podía oír.
El modelo ateniense tenía dos límites estructurales, y fueron esos límites los que terminaron por definir hasta dónde podía llegar.
El primero era un límite de participación. La democracia ateniense incluía quizá a un veinte por ciento de la población adulta de la ciudad. Las mujeres, los esclavos y los metecos - los extranjeros residentes - no tenían voto. No fue una oportunidad perdida. Fue un rasgo estructural, fijado por los supuestos de la época. El salto conceptual a la participación universal no se daría hasta dos mil años después.
El segundo era un límite de escala. La democracia directa funcionaba en una sola polis, con quizá treinta o cuarenta mil ciudadanos, porque todos podían reunirse físicamente, escuchar a los mismos oradores y votar en el mismo procedimiento. Cuando Atenas intentó extender el modelo a sus aliados, se degradó rápidamente en dominio imperial. La democracia directa a escala de ciudad era posible porque todos cabían en una misma sala. A escala de imperio, esa sala no existía. Y no había tecnología capaz de crearla.
Durante casi dos mil años después de Atenas, nadie tuvo la tecnología para superar esos dos límites. Por eso la democracia como tal desapareció prácticamente de la historia, sustituida por la monarquía, el imperio y la oligarquía. Allí donde reaparecía - Venecia, Florencia, los cantones suizos, la Nóvgorod medieval -, fue siempre algo pequeño, local y limitado.