La historia conoce intentos de escapar de este círculo vicioso. Tras revoluciones y convulsiones, nació el sistema democrático: un compromiso entre el poder absoluto y el caos. La idea era sencilla: los ciudadanos delegan su autoridad en representantes elegidos por un período determinado. Estos representantes se reúnen en parlamentos y —se supone— expresan la voluntad de quienes los eligieron.
El razonamiento parecía sólido. Los grandes grupos de personas no pueden tomar decisiones colectivas a voz en cuello en las plazas públicas. La tecnología que permitiese la participación directa de millones en el gobierno no existía. La representación parecía la única respuesta disponible.
Pero lo que emergió fue la continuación del mismo y antiguo sistema de apropiación del poder de cada persona —ahora no mediante la violencia, sino voluntariamente. Los ciudadanos cedieron su autonomía y recibieron a cambio la ilusión de la participación: el derecho, cada varios años, a elegir quién tomaría las decisiones en su nombre.
La naturaleza del poder
El poder no es simplemente la capacidad de coaccionar. Es el monopolio sobre la definición de la realidad. Quien detenta el poder determina qué es justo y qué es injusto, qué es lícito y qué es criminal. Las personas no viven solo bajo el control del poder: viven dentro de la imagen del mundo que el poder ha construido.
La separación de poderes en ramas, las constituciones, las declaraciones de derechos humanos: todo ello representa intentos de contener el poder desde dentro, mediante sistemas de controles y contrapesos.
En la práctica, sin embargo, estos mecanismos revelan una insuficiencia sistémica. La corrupción en los más altos niveles del poder, los conflictos de interés, la opacidad en la toma de decisiones: estos fenómenos se reproducen en todos los sistemas políticos con independencia de las garantías institucionales formales. Incluso en Estados con tradiciones democráticas consolidadas, la expansión del control estatal y la erosión de las libertades civiles son tendencias observables.
La democracia se ha convertido en un mercado de influencias. Las campañas electorales exigen enormes recursos financieros, accesibles principalmente al capital corporativo. Las estructuras de cabildeo obtienen acceso privilegiado al proceso legislativo. Al tiempo que preserva formalmente el principio de «una persona, un voto», el sistema opera en la práctica según el principio de «un dólar, un voto». Esto no es una corrupción de la democracia representativa: es su consecuencia lógica.
La deuda soberana como indicador sistémico
Casi todos los Estados del mundo —con independencia de su sistema político o nivel de desarrollo— han acumulado una deuda pública comparable o superior a su producto interior bruto anual. Surge así una paradoja: una institución creada para administrar los recursos de la sociedad gasta sistemáticamente más de lo que es capaz de generar.
No existe ninguna institución internacional ni interna con autoridad para declarar la insolvencia financiera de un Estado. El procedimiento de quiebra, en el sentido en que se aplica a otros sujetos de derecho, carece de equivalente para los Estados soberanos.
Quienes no tuvieron parte alguna en las decisiones que generaron la deuda soportan sus consecuencias. Sus hijos heredarán obligaciones que no contrajeron y de las que no pueden sustraerse.
La asimetría de la responsabilidad. Los ordenamientos jurídicos se construyen sobre el principio de la responsabilidad inexcusable. Códigos y reglamentos regulan de manera exhaustiva las obligaciones de los ciudadanos y las sanciones por su incumplimiento. El mecanismo de rendición de cuentas funciona sin falla en una sola dirección: del ciudadano al Estado.
En sentido inverso, este mecanismo está ausente. El Estado no rinde cuentas a los ciudadanos sobre las causas ni las consecuencias de su endeudamiento. Los ciudadanos no disponen de ningún instrumento jurídico que les permita exigir tal rendición de cuentas ni impugnar las decisiones de endeudamiento.
En las crisis sistémicas —suspensiones de pago, devaluaciones, erosión de los ahorros— la responsabilidad se atribuye a funcionarios concretos, partidos o circunstancias externas. El Estado como institución permanece fuera del alcance de la responsabilidad.
El peso de las consecuencias recae sobre los ciudadanos: a través de la inflación, la tributación y el recorte de garantías. Sin su consentimiento y sin compensación.
El relato de la capitulación
Corrupción, crimen organizado, inflación, desigualdad económica, polarización social, degradación de la salud pública, erosión de la justicia, apatía política. Guerras, carreras armamentísticas, crisis económicas, incapacidad para hacer frente a las amenazas globales.
La existencia de estos problemas no se niega. Pero en lugar de reconocer el fracaso sistémico, se ofrecen dos justificaciones.
La primera: no hay alternativa. El Estado en su forma actual es la única manera concebible de organizar la sociedad. La democracia es imperfecta, pero la humanidad no ha encontrado nada mejor. Esta idea se repite con tanta frecuencia que ha terminado por tratarse como un axioma.
La segunda: la persona humana es intrínsecamente deficiente. Las personas son egoístas, agresivas, incapaces de autoorganizarse. Sin control externo, coacción y castigo, se destruirían mutuamente. El poder sobre ellas no es, por tanto, un mal sino una necesidad.
Ambas construcciones son mecanismos defensivos del sistema. Hacen inútil la crítica: ¿para qué cambiar lo que no tiene alternativa? ¿Para qué liberar a quienes son incapaces de libertad?
Ambas construcciones son refutadas por la experiencia.
El problema no es la naturaleza humana. El problema es que cualquier institución desvinculada de la participación directa de las personas perderá, tarde o temprano, su conexión con la realidad y se socavará a sí misma. Reformar tal sistema desde dentro es extraordinariamente difícil: se reproduce a través de todo cambio.