La historia ha conocido intentos de romper este círculo vicioso. Tras revoluciones y convulsiones, la democracia nació como un compromiso entre el poder absoluto y el caos. La idea era simple. Los ciudadanos delegan la autoridad en representantes electos por un plazo determinado. Esos representantes se reúnen en los parlamentos y dan voz a la voluntad de quienes los eligieron.
El razonamiento parecía sólido. Los grandes grupos de personas no pueden tomar decisiones conjuntas a gritos en las plazas. No existía tecnología para la participación directa de millones en la toma de decisiones. La representación parecía la única salida.
Sin embargo, lo que acabamos obteniendo fue una prolongación del mismo viejo sistema de despojar del poder a cada persona. Solo que ahora ocurría de forma voluntaria, sin violencia. Los ciudadanos entregaban su voluntad y su libertad, y recibían a cambio la ilusión de participar: el derecho, una vez cada varios años, a elegir quién tomaría las decisiones por ellos.
La naturaleza del poder
El poder no es solo la capacidad de coaccionar. Es un monopolio sobre la definición de la realidad. Quien detenta el poder decide por todos los demás qué es justo y qué es injusto, qué es lícito y qué es delictivo. Las personas no viven simplemente bajo el control del poder. Viven dentro de una imagen del mundo que el poder ha creado.
La separación del poder en ramas, las constituciones, los derechos humanos - todo ello son intentos del poder de limitarse a sí mismo desde dentro, mediante un sistema de pesos y contrapesos.
Sin embargo, la práctica muestra cuán sistemáticamente ineficaces son estos mecanismos. La corrupción en las altas esferas del poder, los conflictos de intereses, la opacidad en la toma de decisiones. Todo ello se reproduce en los sistemas políticos con independencia de cualquier garantía institucional formal. Incluso en Estados con tradiciones democráticas maduras, el control se refuerza y las libertades civiles se debilitan.
La democracia se ha convertido en un mercado de influencias. Las campañas electorales exigen enormes recursos financieros, accesibles sobre todo al capital corporativo. Las estructuras de cabildeo obtienen un acceso privilegiado al proceso legislativo. Aunque conserva formalmente el principio de «una persona, un voto», el sistema funciona de hecho según el principio de «un dólar, un voto». Esto es una consecuencia del modo en que está construida la democracia representativa.
La deuda pública como indicador sistémico
Casi todos los Estados del mundo han acumulado una deuda pública comparable a su PIB anual, o superior a él. Surge una paradoja: una institución creada para administrar los recursos de la sociedad gasta sistemáticamente más de lo que puede proporcionar.
No existe institución alguna, internacional o interna, facultada para declarar la insolvencia financiera de un Estado. La quiebra, en el sentido en que se aplica a otras personas jurídicas, no existe para los Estados.
Las personas que no tomaron parte en las decisiones de endeudamiento pagan sus consecuencias. Sus hijos heredan deudas que no contribuyeron a crear y a las que no pueden renunciar.
Una asimetría de la responsabilidad. Los sistemas jurídicos se construyen sobre el principio de que la responsabilidad es ineludible. Los códigos y las normas fijan con exhaustivo detalle los deberes de los ciudadanos y las sanciones por incumplirlos. El mecanismo de la responsabilidad funciona sin falla en una sola dirección: del ciudadano hacia el Estado.
En la dirección opuesta, este mecanismo está ausente. El Estado no rinde cuentas a sus ciudadanos de las causas y las consecuencias de su deuda. Los ciudadanos carecen de instrumento jurídico para exigir tal rendición de cuentas o para impugnar las decisiones de endeudamiento.
En las crisis sistémicas - impagos, devaluaciones, la erosión de los ahorros - la responsabilidad se hace recaer en funcionarios concretos, en partidos o en circunstancias externas. El Estado como institución permanece fuera del alcance de la responsabilidad.
La carga de las consecuencias recae solo sobre los ciudadanos, a través de la inflación, los impuestos y los recortes de sus garantías. Y ello sin su consentimiento y sin compensación.
El relato derrotista
La corrupción, el crimen organizado, la inflación, la desigualdad económica, la polarización social, el deterioro de la sanidad, la erosión de la justicia, la apatía política de los ciudadanos. Las guerras, las carreras armamentistas, las crisis económicas, la incapacidad de hacer frente a las amenazas globales.
No se niega la existencia de estos problemas. Pero, en lugar de reconocer un fallo sistémico, se ofrecen dos justificaciones.
La primera: no hay alternativa. El Estado en su forma actual es el único modo posible de organizar la sociedad. La democracia es imperfecta, pero la humanidad no ha ideado nada mejor. Esta idea se repite con tanta frecuencia que se toma por un axioma.
La segunda: el ser humano es corrupto por naturaleza. Las personas son egoístas, agresivas, incapaces de organizarse por sí mismas. Sin control externo, coacción y castigo se destruirán entre sí. El poder sobre ellas es, por tanto, un mal necesario.
Ambas ideas son un mecanismo de defensa del sistema. Vuelven inútil toda crítica: ¿para qué cambiar lo que no tiene alternativa? ¿Para qué liberar a quienes son incapaces de libertad?
Ambas ideas quedan refutadas por la práctica.
El problema no es la naturaleza humana. El problema es que toda institución separada de la participación directa de los ciudadanos tarde o temprano pierde el contacto con la realidad y se destruye a sí misma. Reformar tal sistema desde dentro es sumamente difícil, porque se reproducirá a sí mismo a través de cualquier cambio.